martes, mayo 12, 2020

ANALIZANDO LA REALIDAD SOCIAL PERUANA ACTUAL DESDE LA HISTORIA


Para hablar de realidad social, resulta imprescindible, definir qué es una sociedad.  Leyendo varias definiciones escogí la de René Thom[1] (1977) que la define como una forma metabólica, en primer lugar, porque sobrevive a los individuos que la constituyen; hay en ella un flujo permanente de individuos constantemente renovados que aseguran la permanencia de la forma social.  Además, entre sus miembros existe una interacción continua que asegura la estabilidad de la forma. Dicha interacción puede a menudo materializarse por obra de una circulación de complejidad, de información, a través de todo el cuerpo social.

Teniendo esto como base, resulta importante también fortalecer esta definición describiendo cómo funciona una estructura social.  Para John Searle[2] (2006), la estructura de la sociedad responde a las formas de interacción social en que el colectivo asigna colectivamente estatus a cosas que no lo poseen mediante procedimientos que involucran representaciones mentales colectivas y expresiones lingüísticas acordadas que poseen esas formas concretas. 

Dicho esto, si bien son muchos los hechos históricos que han influido positiva o negativamente en la realidad social actual, estos son los que a mi criterio permiten comprender mejor la realidad social actual de nuestro país:

1.     Conquista del Imperio Incaico: En el Tahuantinsuyo, existían tres clases sociales marcadas: El pueblo, la nobleza y la realeza, sin embargo, el núcleo en cualquiera de sus estratos era el ayllu cuya convivencia se basaba en un estricto código moral.  Asimismo, existían prohibiciones, castigos y leyes que según refiere Garcilaso de la Vega en una de sus crónicas nunca fueron promulgadas para asustar a sus vasallos, ni para que las burlasen, sino para ejecutarlas y aplicarlas con quien se atreviese a quebrantarlas.  El Incanato basaba la convivencia en tres principios básicos: “Ama Sua” (no seas ladrón), “Ama Llulla” (no seas mentiroso) y “Ama Quella” (no seas ocioso).  Según el blog IncasWeb (disponible en: http://incaswebsite888.blogspot.com/2017/06/leyes-en-los-tiempos-de-los-incas.html), consultado el 07.05.2020; junto a las 3 ordenanzas principales, había otras de mucha importancia, como: “Ama Map” (sé honesto, fiel), “Ama Khelly” (sé limpio), “Ama Opa” (sé vivaz), “Ama Llunkhu” (sé digno), “Ama Sipiq” (respeta la vida) y “Ama Maqlla (sé dadivoso). 

Jorge Basadre en su ensayo La Ley del Inca (disponible en: http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/52973/la%20ley%20del%20inca.pdf?sequence=1&isAllowed=y), consultado el 07.05.2020, señala: “Los Incas también debieron emplear los refranes como vehículos para la trasmisión de normas y como instrumentos para divulgar su autoridad… Desgraciadamente, si hubo en el Perú antiguo estos refranes, se han perdido y como el más divulgado hasta nuestro tiempo queda la famosa salutación: "Ama llulla, ama sua, ama ciella, ama sipix, ama mappa o maclla. (No ladrón, no mentiroso, no perezoso, no asesino, no pervertido, no afeminado)”.  Estos valores que aún hoy se conservan en sociedades andinas fueron transgredidas por las normas sociales españolas, que tras el velo de la religión católica eran indudablemente más liberales y permisivas.

Con la conquista española vinieron muchas reformas, la más notoria quizá la que aplicó el virrey Francisco de Toledo en 1570 dividiendo a la sociedad en dos grupos: Los indios y los españoles.  La república de los indios estaba compuesta por todos los indígenas descendientes de la élite cuzqueña incaica, además de los indígenas descendientes de las grandes tribus costeñas y andinas. Cuando se instauró esta división, no se reconoció a los curacas como nobles, ya que los conquistadores pensaban que estos se alzarían contra ellos. Con la llegada de los españoles los curacas sufrieron una forzosa adaptación a un sistema social totalmente distinto al ayllu. Continuaron siendo los jefes étnicos como lo habían sido en tiempos prehispánicos, pero dejaron de controlar la administración y no contaban con la mano de obra que les permitía elaborar las redes de redistribución típicas del sistema social incaico.  Además de lo descrito anteriormente, la colonización instituyó la obligatoriedad de los indígenas de pagar tributos.  Las castas y los mestizos no estaban exentos de este impuesto, pero era menor que el del resto de ciudadanos.

Con la conquista vino también el mestizaje, lo que provocó ampliar el abanico de razas y etnias:  La llegada de inmigrantes al virreinato peruano provocó la aparición de las castas coloniales.  El cruce entre mujeres nativas, hombres españoles y esclavos africanos dio lugar a una mezcla cultural que durante los primeros años de la colonia no fueron tenidos en cuenta por la Corona. Los mestizos eran los hijos de padre español y madre indígena, no pertenecían a la república de los indios ni estaban exentos del pago de tributos, pero llegaban a trabajar en empleos menores. Los indígenas y los criollos rechazaron a los mestizos porque consideraban que en ellos había una parte imperfecta. Los mulatos fueron los hijos de padre español y mujer esclava africana, estos se consideraron esclavos. Al igual que los mestizos trabajaban en oficios menores. Los zambos eran los hijos de padre esclavo africano y madre indígena, estos pertenecían a la casta que mejor calidad de vida tuvo. Al ser hijos de madre libre se les consideró igualmente libres y como no eran inscritos en el padrón indígena estaban exentos del pago de tributos: Tomado de la tesis Cambio en la sociedad incaica del Perú tras la conquista española escrita por María Martínez Belmonte, consultada el 07.05.2020 y disponible en https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/56087/1/Cambios_en_la_sociedad_incaica_del_Peru_tras_la_con_MARTINEZ_BELMONTE_MARIA.pdf. 

En nuestro país existe mucha discriminación -que a veces resulta muy estúpida- debido a que todos somos mestizos (El que no tiene de inga tiene de mandinga), algunos quizá con piel más clara que otros creen que tienen el derecho de “cholear” al vecino y cultivan en su particular idiosincrasia, que el “cholo” o el “indio” es sucio, ignorante, pobre e ingenuo y que se puede aprovechar de él.  Asimismo, se piensa aún que los indios o los cholos tienen limitados derechos sobre todo a la educación y a la salud de calidad, que son los llamados a realizar oficios de poca importancia o a realizar labores domésticas.  Al respecto, Aníbal Quijano en el ensayo Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf, consultado el 07.05.2020; señala que la actual realidad peruana y latinoamericana se encuentra marcada por la “colonialidad del poder”, debido a que durante la república se reprodujeron las relaciones de poder bajo el patrón de la raza, surgidas durante la época de la colonia.  Según el autor, la articulación entre raza y clase logra estructurar una relación de subordinación y poder.  

2.     Liberación de los esclavos negros: La historia de la esclavitud está ligada a la colonización del continente americano y a la expansión de la economía europea caracterizada por su capitalismo.  La economía colonial descansó en buena parte en el trabajo esclavizado realizado por los africanos y sus descendientes.  Las relaciones sociales de la esclavitud determinaron el rol de la población esclavizada, estaban imposibilitados de acceder a la esfera de lo público, excepto bajo la dualidad persona/cosa; sometidos a drásticos dispositivos de control que trataban de inhibir cualquier manifestación pública, estaban privados de voz.

La conquista y los primeros años de colonización formaron un largo ciclo de guerras en el cual la esclavitud se insertó como sistema de trabajo y al mismo tiempo importante auxilio militar. Los africanos y afrodescendientes cumplieron diversas labores para los conquistadores españoles, fueron sirvientes y pajes, también formaron parte activa en las guerras de conquista como maestres, pilotos, arcabuceros y soldados, cumpliendo además tareas delicadas como espías, vigilantes y exploradores: Tomado de “La Presencia Afrodescendiente en el Perú Siglos XVI-XX” de Maribel Arrelucea Barrantes y Jesús A. Cosamalón Aguilar, disponible en https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/La-presencia-afrodescendiente.pdf, consultado el 07.05.2020.

La abolición de la esclavitud no se realizó en un solo acto, el primer paso fue el decreto del libertador José de San Martín sobre “la libertad de vientres” es decir, la regla de que nadie nace esclavo en el Perú a partir de la Independencia. En esta forma, los actuales esclavos permanecen como tales, pero la siguiente generación ya no será esclava.  Así, dice el mismo San Martín, una institución que ha durado tanto tiempo no será terminada en un solo acto, lo que podría ser perjudicial, sino que se dejará que “el tiempo mismo que la ha sancionado la destruya”: Tomado de La Esclavitud Negra en el Perú de Williana Rodríguez, disponible en http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/9201B5CD135CA5C005257AA100652056/$FILE/ppt1.pdf, consultado el 07.05.2020.

En noviembre de 1821, San Martín amplía los alcances abolicionistas declarando libres incluso a los esclavos actuales si habían pertenecido a españoles emigrados y, por consiguiente, ya no tenían un amo presente.  Pero el mismo día expide otro Decreto por el que los hijos de esclavos nacidos ya libres en virtud de su Bando anterior, quedan sujetos a un patronazgo a cargo del amo de la madre hasta que cumplan 20 años las mujeres y 24 los hombres. En esta forma, los efectos de la abolición quedaban postergados por cerca de 25 años.

Finalmente, el 3 de diciembre de 1854, quedaría abolida la esclavitud por el Decreto del presidente Ramón Castilla.  El Decreto establece el pago de un justo precio a los amos de los esclavos y a los patrones de los siervos libertos, estos pagos se harían con cargo a los ingresos estatales percibidos gracias a la prosperidad fiscal creada por el guano.

Según la Defensoría del Pueblo en su Informe de Adjuntía Nº 003-2011-DP/ADHPD (Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Informe-003-2011-DP-ADHPD.pdf, consultado el 07.05.2020), la población afrodescendiente sigue siendo un colectivo vulnerable, postergado e invisible que sufre de una subsistente discriminación estructural y racial que genera un impacto negativo en el ejercicio pleno de sus derechos, principalmente en los campos de la salud y la educación, y lo relacionado con el reconocimiento de su cultura y su identidad.  Las condiciones de pobreza heredada, así como los procesos de exclusión social, inciden en la problemática que afrontan las personas afroperuanas con relación al ejercicio de sus derechos. Las deficiencias para ejercer adecuadamente derechos básicos como la salud y la educación, la falta de reconocimiento adecuado de su cultura y su identidad, así como el impacto de la discriminación racial entre sus miembros, son algunas de las situaciones que sustentan su particular vulnerabilidad y que justifican la necesidad de adoptar medidas que permitan hacerles frente de manera oportuna y conveniente.  La exclusión social alude a los mecanismos institucionales que les impiden acceder a bienes materiales, servicios sociales, vivienda, crédito, capital y otros recursos, así como a participar plenamente en las esferas de la vida social, cultural y política del país (Figueroa et al., 1996; Torero et al., 2004).  En cambio, la discriminación hace referencia a los procesos de maltrato o trato diferenciado motivados por razones de origen social, lengua, género, vestimenta, cultura o “raza” (Benavides et al., 2013, pp. 22-23).

Por otro lado, según el Centro de Desarrollo Étnico (CEDET), existe un conjunto de representaciones sociales que reflejan estereotipos y percepciones negativas sobre la población afroperuana.  En base a esto el CEDET concluye que “las condiciones sociales adversas no solo son las condiciones materiales en las que está obligada a vivir la gran mayoría de la población afroperuana, sino también las representaciones sociales que se tiene de sus integrantes” (CEDET, 2005, p. 79). Mientras tanto, Luciano explica que esta asociación “afrodescendiente = pobre” tiene que ver con la asociación, que viene desde siglos atrás, entre el color de la piel y la ubicación social.  En la colonia, “lo blanco y lo extranjero se volvió el equivalente a lo mejor y a lo superior, en oposición a lo oriundo y autóctono” (Luciano, 2012, p. 117).

En conclusión, como bien sostiene el Estudio realizado sobre población afroperuana, disponible en: https://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/LIBRO_EEPA_mincugrade.pdf, consultado el 07.05.2020; el afroperuano tiene pocas oportunidades de desarrollo, la tasa de deserción escolar es alta, el acceso a educación superior es limitado y aunque se le reconoce algunas características especiales como “cocinar bien” o “tener buen ritmo”, son pocas las oportunidades laborales a las que tiene acceso.

3.     Participación de la mujer en la vida económica del país: En los años setenta, tres de cada 10 mujeres trabajaban, en los noventa la cifra ascendió a 5 de cada 10.  Actualmente el 78% de las peruanas en edad de trabajar lo hace. Ese cambio ha tenido un impacto positivo en el país a nivel económico, político y social.  Según lo señala Giovanna Di Laura, Coordinadora del Centro de la Mujer de Centrum Católica: “Hace 25 años la mujer en el Perú no ocupaba los puestos y el lugar que ocupa ahora.  Había mayor desempleo femenino y ocupaban posiciones de menor prestigio e ingresos en relación a los hombres”. 

La mujer inicia su participación formal en la vida política en 1955, cuando se le otorga el derecho al voto. El proceso electoral de 1956 tuvo como resultado la elección de 1 senadora y 8 diputadas.  No fue sino hasta 1995 que por primera vez una mujer asumió la presidencia del Congreso de la República. Desde entonces cuatro mujeres más han ocupado el cargo.

La presencia de las mujeres en el parlamento se vio reforzado por el sistema de cuotas, implementado en Perú en 1997.  En el año 2000 se incrementó la cuota de género del 25% al 30% para las listas de candidatos al Congreso y en 2002 se aplicó para municipios y gobiernos regionales.  En los siguientes años tuvimos mujeres en varios ministerios, se eligieron alcaldesas y destacan dos candidaturas presidenciales que se quedaron en camino: Lourdes Flores Nano (2001 y 2006) que quedó en tercer lugar en ambas elecciones y Keiko Fujimori (2011) que fue la primera candidata presidencial que pasó a una segunda vuelta.

En el periodo 2011 – 2016, el 21,5% de los parlamentarios son mujeres y seis integran el Consejo de Ministros.  Del total de alcaldes a nivel nacional, el 2,9% son mujeres, elevándose la cifra al 28,5% en el caso de los regidores.

Si bien estos datos resultan alentadores (Tomados de Gestión, disponible en: https://gestion.pe/economia/aporte-mujer-desarrollo-pais-93305-noticia/, revisado el día 07.05.2020), la sociedad peruana se caracteriza por ser sexista, limitada en oportunidades para las mujeres y aún con brechas profundas en el acceso a servicios básicos, empleo y remuneraciones.

En el ensayo de mi autoría titulado ¿Contratar o no a una mujer en cargos directivos?: ¡He allí la cuestión! (Una mirada desde mi propia experiencia), disponible en: https://o.clad.org/concursos-anteriores/xxxii-concurso-del-clad-2019/ensayos-ganadores-xxxii-concurso-del-clad-2019, sostengo que el Perú es un país con amplia tradición machista y cultura patriarcal enraizada y muy fuerte, donde la mujer se enfrenta a “techos de cristal” que parecen irrompibles ya que desde tiempos inmemoriales hemos estado culturalmente asociadas al plano afectivo y subjetivo, al espacio doméstico y a las actividades de cuidado, mientras que los hombres al estar vinculados por nuestra sociedad a la fuerza física y la racionalidad, al espacio público y a la calle tienen el rol de proveedores económicos pues son ellos los que mantienen el hogar.  Entonces las mujeres dedicadas a las tareas del hogar, tuvimos históricamente menos oportunidades que los hombres para desarrollarnos, aprender y valernos por sí mismas, con autonomía y, por consiguiente; el hombre se sintió con el derecho de ocupar mejores posiciones y de ganar más.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI en su informe sobre brechas de género 2017, uno de los cambios más importantes en el mercado laboral en las últimas décadas ha sido la disminución en las brechas de participación laboral entre mujeres y hombres, debido al incremento de la participación de las mujeres y en particular, de las mujeres casadas.  Esta tendencia se ha atribuido a diversos factores tanto por el lado de la demanda – cambios en la estructura productiva, composición sectorial y el sistema de incentivos en el mercado laboral, la innovación tecnológica en los lugares de trabajo– como de la oferta, los avances en la medicina, el surgimiento de nuevos servicios sociales (Por ejemplo, cuidado de niños y adultos mayores), las mejoras educativas y su mayor preparación para el empleo, la disminución de la tasa global de fecundidad y los nuevos arreglos familiares dentro de los hogares.

No quiero terminar este trabajo sin indicar que, de acuerdo a la Primera Encuesta Nacional del uso del tiempo elaborada el año 2011 por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (en ese entonces MIMDES), las horas dedicadas por mujeres para el desarrollo de actividades en el hogar como la atención de niños, de familiares enfermos, preparación de alimentos, limpieza y lavado entre otras llegaban a las 39 horas en promedio semanales lo que resulta significativamente mayor a las dedicadas por los hombres (15 horas en promedio semanales).  Es lo que se conoce como la doble o incluso triple jornada laboral realizadas por las mujeres.

Entonces, si bien la mujer ha ido ganando campo en la vida económica del país y por ende volviéndose más autónoma económicamente hablando, esto se asocia también a un estancamiento en “profesiones femeninas” (como niñera, profesora de inicial o enfermera), crecimiento en los índices de violencia familiar (especialmente cuando las parejas ganan menos), incremento en los transtornos psicológicos en los hijos (Depresión o TOC por citar algunos que son generados según algunos expertos en el intento de las madres de mitigar la ausencia con regalos o sobreprotección) y mayor dificultad en el acceso a ascensos y a puestos directivos.

Definitivamente existen muchos más aspectos que inciden directamente en la realidad social y conocerlos nos permitirá entender un poco mejor esta realidad.



[1]        René Thom. Matemático francés fundador de la teoría de las catástrofes. Recibió la medalla Fields en 1958. 

[2]        John Rogers Searle es profesor Slusser de filosofía en la Universidad de California en Berkeley, y es célebre por sus contribuciones a la filosofía del lenguaje, a la filosofía de la mente y de la conciencia, a las características de las realidades sociales frente a las realidades físicas, y al razonamiento práctico.


sábado, mayo 02, 2020

LA REFORMA AGRARIA DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

INTRODUCCIÓN: 

Según el portal de Aleteia.org (https://es.aleteia.org/2018/05/06/que-es-la-doctrina-social-de-la-iglesia2/ consultado el 22/04/2020), la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) es un conjunto de principios orientados para la relación entre la Iglesia (un pueblo –laos, en griego-, con finalidades espirituales) y la sociedad civil (un pueblo –demos, en griego-, con finalidades temporales). Esos principios no pretenden organizar un sistema sociopolítico especial, sino ofrecer grandes puntos adecuados para ayudar a las personas a vivir de una manera más humana y fraterna a la luz del Evangelio de Cristo. 
San Juan Pablo II profundiza más el tema en la Encíclica Solicitudo Rei Socialis (1987) número 41, dándonos una visión de lo que la Doctrina Social de la Iglesia no es: “Una tercera vía entre el capitalismo liberal y el colectivismo marxista, y ni siquiera una posible alternativa a otras soluciones menos contrapuestas radicalmente, sino que tiene una categoría propia.  No es tampoco una ideología, sino la cuidadosa formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional, a la luz de la fe y de la tradición eclesial.  Su objetivo principal es interpretar esas realidades, examinando su conformidad o diferencia con lo que el Evangelio enseña acerca del hombre y su vocación terrena y, a la vez, trascendente, para orientar en consecuencia la conducta cristiana. Por tanto, no pertenece al ámbito de la ideología, sino al de la teología y especialmente de la teología moral”. 
En resumen, la Doctrina Social de la Iglesia ofrece normas y principios basados en el evangelio que pueden aplicarse en todas las esferas, es decir; en lo social, económico, político, cultural, ecológico y de política internacional, ofreciendo como lo sostuvo San Juan Pablo II “Orientaciones para la promoción de los derechos humanos, para la tutela de la familia, para el desarrollo de instituciones políticas auténticamente democráticas y participativas, para una economía al servicio del hombre, para un nuevo orden internacional que garantice la justicia, la paz y para una actitud responsable hacia la creación” y que según lo dicho por San Juan XXIII “Puede ser aceptado sin reservas en su contenido rigurosamente práctico por cualquier persona que acepte la posibilidad de un genuino saber humano en estas materias, aun si carece de fe”. 
Ahora bien, definamos Reforma Agraria.  En el portal web del Ministerio de Agricultura (http://minagri.gob.pe/portal/objetivos/70-marco-legal/titulacion-agraria-en-el-peru/413-el-procesode-reforma-agraria consultado el 20/04/2020) se señala que la Reforma Agraria desarrollada por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado, constituyó el último capítulo de un proceso que se vino desencadenando a lo largo del siglo veinte y se basó en la necesidad de una transformación profunda de la situación económica y social del campo y en la generación de una nueva estructura agraria. 
La Reforma Agraria se basó en los siguientes objetivos: (1) Eliminación del latifundio, del minifundio y de toda forma antisocial de tenencia de la tierra, (2) El establecimiento de empresas de producción de carácter asociativo, de base campesina, (3) La reestructuración de las comunidades campesinas tradicionales, (4) El establecimiento de una agricultura organizada a base del esfuerzo asociativo de los agricultores, (5) La creación de nuevos mercados a través de una justa distribución del ingreso que incremente el poder adquisitivo de la población marginada y; (6) El desarrollo paralelo de las industrias de transformación primaria en el campo. 
La Reforma Agraria produjo una profunda transformación de la realidad del campo, que permitió eliminar muchas de las causas de conflictos sociales del campo, sin embargo no logró los resultados esperados debido a que las empresas agrarias de producción de carácter asociativas no lograron el nivel de eficiencia deseado, se eliminó el mercado de tierras, se descapitalizó el campo, la parcelación desencadenó un excesivo minifundismo y se redujo la inversión en nuevas tecnologías al eliminarse a la empresa privada del agro. 

PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA: 
El Compendio de Doctrina Social de la Iglesia, en su capítulo IV (http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20 060526_compendio-dott-soc_sp.html, 22/04/2020), señala una serie de principios de la Doctrina Social de la Iglesia referidos a la realidad social en su conjunto.  Esto significa que la Iglesia los reconoce como propios de toda sociedad, y no solo de una sociedad “buena”, “justa” o “cristiana”. (Letelier Widow, Gonzalo “¿Qué son los principios de la doctrina social?”, consultado en http://www.scielo.org.co/pdf/thxa/v67n183/0120-3649-thxa-67-183-00085.pdf, 22/04/2020).  Este compendio identifica tres principios sociales fundamentales: bien común, subsidiariedad y solidaridad, los cuales encuentran su raíz y fundamento en un principio previo: la dignidad de la persona humana. 
  • La Iglesia ve en el hombre, en cada hombre, la imagen viva de Dios mismo; imagen que encuentra, y está llamada a descubrir cada vez más profundamente, su plena razón de ser en el misterio de Cristo, Imagen perfecta de Dios, Revelador de Dios al hombre y del hombre a sí mismo. A este hombre, que ha recibido de Dios mismo una incomparable e inalienable dignidad, es a quien la Iglesia se dirige y le presta el servicio más alto y singular recordándole constantemente su altísima vocación, para que sea cada vez más consciente y digno de ella. Cristo, Hijo de Dios, con su encarnación se ha unido, en cierto modo, con todo hombre; por ello, la Iglesia reconoce como su tarea principal hacer que esta unión pueda actuarse y renovarse continuamente. En Cristo Señor, la Iglesia señala y desea recorrer ella misma el camino del hombre, e invita a reconocer en todos, cercanos o lejanos, conocidos o desconocidos, y sobre todo en el pobre y en el que sufre, un hermano por quien murió Cristo. 
  • De la dignidad, unidad e igualdad de todas las personas deriva, en primer lugar, el principio del bien común, al que debe referirse todo aspecto de la vida social para encontrar plenitud de sentido. Según una primera y vasta acepción, por bien común se entiende el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección.
  • La subsidiaridad está entre las directrices más constantes y características de la doctrina social de la Iglesia, presente desde la primera gran encíclica social.  Es imposible promover la dignidad de la persona si no se cuidan la familia, los grupos, las asociaciones, las realidades territoriales locales, en definitiva, aquellas expresiones agregativas de tipo económico, social, cultural, deportivo, recreativo, profesional, político, a las que las personas dan vida espontáneamente y que hacen posible su efectivo crecimiento social.  Es éste el ámbito de la sociedad civil, entendida como el conjunto de las relaciones entre individuos y entre sociedades intermedias, que se realizan en forma originaria y gracias a la subjetividad creativa del ciudadano.  La red de estas relaciones forma el tejido social y constituye la base de una verdadera comunidad de personas, haciendo posible el reconocimiento de formas más elevadas de sociabilidad. 
  • La solidaridad confiere particular relieve a la intrínseca sociabilidad de la persona humana, a la igualdad de todos en dignidad y derechos, al camino común de los hombres y de los pueblos hacia una unidad cada vez más convencida.  Nunca como hoy ha existido una conciencia tan difundida del vínculo de interdependencia entre los hombres y entre los pueblos, que se manifiesta a todos los niveles.  La vertiginosa multiplicación de las vías y de los medios de comunicación en tiempo real, como las telecomunicaciones, los extraordinarios progresos de la informática, el aumento de los intercambios comerciales y de las informaciones son testimonio de que por primera vez desde el inicio de la historia de la humanidad ahora es posible, al menos técnicamente, establecer relaciones aun entre personas lejanas o desconocidas.  (Tomado de http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_ 20060526_compendio-dott-soc_sp.html#Significado%20y%20aplicaciones%20principales, consulta realizada el 22/04/2020.
     
PROPIEDAD PRIVADA Y BIEN COMÚN: 
  • La Encíclica Rerum Novarum entre sus principios establece tres que resultan bastante importantes para el tema de estudio: (1) El bien común es el fin de la sociedad civil; todos tienen el derecho de participar en una sociedad, (2) Todos tienen el derecho a la propiedad privada; esta propiedad ha de servir para el bien común y; (3) Las personas tienen el derecho a los frutos de su labor, pero deben utilizarlos para el bien de todos.   En este punto es importante reseñar el número 38 de Rerum Novarum “Es de desear que también los hombres y mujeres sin una fe explícita se convenzan de que los obstáculos opuestos al pleno desarrollo no son solamente de orden económico, sino que dependen de actitudes más profundas que se traducen, para el ser humano, en valores absolutos. En este sentido, es de esperar que todos aquéllos que, en una u otra medida, son responsables de una vida más humana para sus semejantes —estén inspirados o no por una fe religiosa— se den cuenta plenamente de la necesidad urgente de un cambio en las actitudes espirituales que definen las relaciones de cada hombre consigo mismo, con el prójimo, con las comunidades humanas, incluso las más lejanas y con la naturaleza; y ello en función de unos valores superiores, como el bien común, o el pleno desarrollo de todo el hombre y de todos los hombres”. 
  • En Quadragesimo Anno queda establecido que “Lo mismo a los individuos que a las familias debe permitírseles una justa libertad de acción, pero quedando siempre a salvo el bien común y sin que se produzca injuria para nadie.  A los gobernantes de la nación compete la defensa de la comunidad y de sus miembros, pero en la protección de esos derechos de los particulares deberá sobre todo velarse por los débiles y los necesitados”.  Asimismo, en el número 49 se indica: “Ahora bien, cuando el Estado armoniza la propiedad privada con las necesidades del bien común, no perjudica a los poseedores particulares, sino que, por el contrario, les presta un eficaz apoyo, en cuanto que de ese modo impide vigorosamente que la posesión privada de los bienes, que el providentísimo Autor de la naturaleza dispuso para sustento de la vida humana, provoque daños intolerables y se precipite en la ruina: no destruye la propiedad privada, sino que la defiende; no debilita el dominio particular, sino que lo robustece”. 
  • En el número 19 de la Encíclica Mater et Magistra se indica: “A lo dicho ha de añadirse que el derecho de poseer privadamente bienes, incluidos los de carácter instrumental, lo confiere a cada hombre la naturaleza, y el Estado no es dueño en modo alguno de abolirlo.  Y como la propiedad privada lleva naturalmente intrínseca una función social, por eso quien disfruta de tal derecho debe necesariamente ejercitarlo para beneficio propio y utilidad de los demás”.  Igualmente, en el número 65 queda registrado lo siguiente: “Para dar cima a esta tarea con mayor facilidad, se requiere, sin embargo, que los gobernantes profesen un sano concepto del bien común.  Este concepto abarca todo un conjunto de condiciones sociales que permitan a los ciudadanos el desarrollo expedito y pleno de su propia perfección.  Juzgamos además necesario que los organismos o cuerpos y las múltiples asociaciones privadas, que integran principalmente este incremento de las relaciones sociales, sean en realidad autónomos y tiendan a sus fines específicos con relaciones de leal colaboración mutua y de subordinación a las exigencias del bien común”. 
  • Pacem in Terris por su lado, en el punto 21 sostiene “También surge de la naturaleza humana el derecho a la propiedad privada de los bienes, incluidos los de producción, derecho que, como en otra ocasión hemos enseñado, constituye un medio eficiente para garantizar la dignidad de la persona humana y el ejercicio libre de la propia misión en todos los campos de la actividad económica, y es, finalmente, un elemento de tranquilidad y de consolidación para la vida familiar, con el consiguiente aumento de paz y prosperidad en el Estado”.  En el número 48 se establece además que “Por este motivo, el derecho de mandar que se funda exclusiva o principalmente en la amenaza o el temor de las penas o en la promesa de premios, no tiene eficacia alguna para mover al hombre a laborar por el bien común, y, aun cuando tal vez tuviera esa eficacia, no se ajustaría en absoluto a la dignidad del hombre, que es un ser racional y libre. La autoridad no es, en su contenido sustancial, una fuerza física; por ello tienen que apelar los gobernantes a la conciencia del ciudadano, esto es, al deber que sobre cada uno pesa de prestar su pronta colaboración al bien común”. 
  • La Constitución Pastoral Gaudium et Spes expresa en el punto 29 lo siguiente: “Más aún, aunque existen desigualdades justas entre los hombres, sin embargo, la igual dignidad de la persona exige que se llegue a una situación social más humana y más justa. Resulta escandaloso el hecho de las excesivas desigualdades económicas y sociales que se dan entre los miembros y los pueblos de una misma familia humana. Son contrarias a la justicia social, a la equidad, a la dignidad de la persona humana y a la paz social e internacional”.  En el número 71 se lee: “El derecho de propiedad privada no es incompatible con las diversas formas de propiedad pública existentes. El paso de bienes a la propiedad pública sólo puede ser hecha por la autoridad competente de acuerdo con las exigencias del bien común y dentro de los límites de este último, supuesta la compensación adecuada.  A la autoridad pública toca, además, impedir que se abuse de la propiedad privada en contra del bien común”. 
  • Finalmente, en la Encíclica Populorum Progressio reconoce como aspiración humana “Verse libres de la miseria, hallar con más seguridad la propia subsistencia, la salud, una ocupación estable; participar todavía más en las responsabilidades, fuera de toda opresión y al abrigo de situaciones que ofenden su dignidad de hombres; ser más instruidos; en una palabra, hacer, conocer y tener más para ser más”.  En el numero 24 establece: “El bien común exige, pues, algunas veces la expropiación si, por el hecho de su extensión, de su explotación deficiente o nula, de la miseria que de ello resulta a la población, del daño considerable producido a los intereses del país, algunas posesiones sirven de obstáculo a la prosperidad colectiva”.  Concluye en el número 76 diciendo: “Combatir la miseria y luchar contra la injusticia es promover, a la par que el mayor bienestar, el progreso humano y espiritual de todos, y, por consiguiente, el bien común de la humanidad. La paz no se reduce a una ausencia de guerra, fruto del equilibrio siempre precario de las fuerzas. La paz se construye día a día, en la instauración de un orden querido por Dios, que comporta una justicia más perfecta entre los hombres”. 


EL PROBLEMA DEL AGUA EN EL PERÚ


En el libro del Génesis 1, 1. 6 – 10 se narra la creación del mundo, la separación de las aguas y la aparición de los mares y la tierra seca: “En el principio, cuando Dios creó los cielos y la tierra… Dijo Dios: “Haya una bóveda en medio de las aguas, para que separe unas aguas de las otras”.  Hizo Dios entonces como una bóveda y separó unas aguas de las otras: Las que estaban por encima del firmamento, de las que estaban por debajo de él.  Y así sucedió. Dios llamó a esta bóveda "Cielo". Y atardeció y amaneció: Fue el día Segundo.  Dijo Dios: “Júntense las aguas de debajo de los cielos en un solo depósito, y aparezca el suelo seco”.  Y así fue.  Dios llamó al suelo seco "Tierra" y al depósito de las aguas "Mares". Y vio Dios que esto era bueno”.

Este regalo inmenso y hermoso día a día se va depredando por el mismo ser que a inicios de la creación recibió la encomienda de cuidarlo y protegerlo del mismo Dios, causando con el pasar del tiempo un terrible e irreversible cambio climático que nos afecta a todos los habitantes del planeta pero que sin embargo repercute directamente en la población más vulnerable, en el campesino, en la mujer, en la niñez y en el pobre, principalmente por su acceso y su costo, aspecto último que se ve aumentado lamentablemente por la corrupción que continúa presente pese a los esfuerzos en estados como el peruano.

Según la revista en línea Waste (Disponible en: https://waste.ideal.es/agua-vida.htm, consultada el 29.04.2020), el calentamiento global es un fenómeno natural ya experimentado en 12 oportunidades a lo largo de cientos de millones de años de evolución histórica. El cambio climático, entendido como el "conjunto de grandes y rápidas alteraciones que sufre el clima a causa del aumento de las temperaturas medias del planeta" hoy representa el mayor desafío ambiental que ha de enfrentar la humanidad, ya que se ve exacerbado por la emisión ilimitada de gases de efecto invernadero (GEI).  La atmósfera en su mayor parte está compuesta por nitrógeno y oxígeno, pero también por otros gases, entre estos últimos el vapor de agua, el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso que son gases de efecto invernadero y tienen por finalidad absorber la parte de la radiación saliente de la tierra, acción necesaria para mantener cierta temperatura que permite el desarrollo de la vida.  El aumento de la concentración de estos gases va cerrando la ventana de radiación, por lo tanto, la radiación saliente al espacio exterior es menor, lo que se traduce en el calentamiento del planeta.

Por otro lado Andrea Fabiana Mc Donald (https://www.igadi.gal/artigos/2007/vc_er_el_agua_vida_victimas_calentamiento_global.htm, 29/04/2020); sostiene que el proceso del cambio climático traerá serias consecuencias para nuestra región tales como: (1)  Desaparición de glaciares, (2)  Aumento en la subida del nivel del mar que amenazará a las grandes ciudades, (3) En materia de alimentos, producirá una fuerte caída del rendimiento de las cosechas de los países en desarrollo, (4) En cuanto al ecosistema, habría la posibilidad de un colapso total de la selva amazónica y, (5) En cuanto a la fauna, muchas especies se enfrentarán a su extinción.

Ahora bien, analicemos las razones por las que el agua es la principal víctima del cambio climático.  Según Ricardo Giesecke: “El cambio climático altera la hidrología global, altera la hidrología de cada país.  El cambio climático lo primero que hace es cambiar los patrones de las lluvias, que ya no llueve como llovía antes”.

El agua es un elemento vital para nuestro planeta. Dependemos de ella para beber, para la agricultura y la ganadería, para la sostenibilidad y supervivencia de numerosas especies y ecosistemas.  También porque los océanos son los grandes sumideros del planeta de CO2 y ayudan a modular las emisiones hacia la atmósfera.  Además, mantienen las temperaturas globales en el equilibrio necesario para hacer posible la vida de todos los seres vivos. (Tomado de Aquae Fundación, disponible en: https://www.fundacionaquae.org/agua-cambio-climatico-efectos/, consultado el 29.04.2020)

Los hidrólogos suelen evaluar la escasez mediante la observación de la ecuación población – agua.  Lo convencional es considerar que el umbral nacional para satisfacer los requerimientos de agua para la agricultura, la industria, la energía y el medio ambiente es 1.700 metros cúbicos por persona.  Se entiende que la disponibilidad por debajo de los 1.000 metros cúbicos representa un estado de “estrés por falta de agua”, y por debajo de los 500 metros cúbicos, “escasez absoluta”.  (Disponible en: http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/020078/BOL59/Informesobredesarrollo/Capitulo4.pdf, consultado el 29.04.2020).

Finalmente, es imprescindible tener en cuenta que el agua resulta vulnerable por tres factores: (1) Por disposición: Es una de las principales causas que pone en peligro a este recurso, debido a que la sobrepoblación ha incrementado el consumo y eso ha ido agotando la disposición del agua, (2) Climática: Radica en los cambios inesperados que ocurren en el ambiente y que afectan al agua como son las sequías e inundaciones que provocan escases de tan vital líquido y, (3) Ecológica: Aquellas zonas hidrológicas, es decir cuencas, de donde se obtiene agua, se van degradando  y se ve amenazada su enorme biodiversidad debido a las construcciones de ductos de transporte. (Tomado de: https://www.iagua.es/noticias/mexico/unam/16/09/30/que-es-vulnerabilidad-agua, 29.04.2020)
  
Dicho todo esto, antes de analizar quiénes serán las personas más afectados por la crisis del agua, debemos analizar un concepto a veces olvidado que el de “seguridad humana”.  Según se señala en la resolución 66/290 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, la seguridad humana es un enfoque que ayuda a los Estados Miembros a determinar y superar las dificultades generalizadas e intersectoriales que afectan a la supervivencia, los medios de subsistencia y la dignidad de sus ciudadanos. (Tomado de: https://www.un.org/humansecurity/es/, 29.04.2020)

Hoy, alrededor de 700 millones de personas en 43 países viven por debajo del umbral de estrés de agua.  Con una disponibilidad promedia anual de aproximadamente 1,200 metros cúbicos por persona, el Medio Oriente es la región del mundo más afectada por el estrés de agua.  Solo Irak, Irán, Líbano y Turquía se encuentran por encima de ese umbral. Los palestinos, especialmente los habitantes de Gaza, experimentan uno de los casos de escasez de agua más graves del mundo: Aproximadamente 320 metros cúbicos por persona.  El África subsahariana es la región que incluye la mayor cantidad de países que sufren estrés de agua, casi una cuarta parte de su población la sufre y esta proporción está aumentando.  (Tomado de: http://documentacion.ideam.gov.co/openbiblio/bvirtual/020078/BOL59/Informesobredesarrollo/Capitulo4.pdf, consultado el 29.04.2020).

Según la Organización Mundial de la Salud y la UNICEF a julio de 2017, la escasez de agua de calidad en los países en desarrollo y la pobreza son dos factores que se encuentran relacionados y que afectan sobre todo a la población infantil, provocando enfermedades, desnutrición y bajo desarrollo físico e intelectual.  Como consecuencia de esta situación, cada año mueren aproximadamente un millón y medio de niños sólo por diarreas y otras enfermedades relacionadas con la contaminación del agua; aún hoy, más de mil millones de niños viven sin acceso a una red de saneamiento.  Asimismo, el informe del Programa Conjunto de Monitoreo (JMP), Progresos en materia de agua potable, saneamiento e higiene: Informe de actualización de 2017 y evaluación de los ODS, concluye: (1) Muchos países carecen de datos sobre la calidad de los servicios de agua y saneamiento. El informe incluye estimaciones para 96 países sobre el agua potable gestionada de forma segura y 84 países sobre saneamiento gestionado de forma segura, (2) En los países que experimentan conflictos o disturbios, los niños tienen cuatro veces menos probabilidades de utilizar servicios básicos de agua y dos veces menos de utilizar servicios de saneamiento que los niños de otros países y, (3) Existen grandes desigualdades en el servicio entre las zonas urbanas y rurales.  Dos de cada tres personas con agua potable gestionada de forma segura y tres de cada cinco personas con servicios de saneamiento gestionados de forma segura viven en zonas urbanas.  De los 161 millones de personas que utilizan aguas superficiales no tratadas (de lagos, ríos o canales de riego), 150 millones viven en zonas rurales. (Disponible en https://www.who.int/es/news-room/detail/12-07-2017-2-1-billion-people-lack-safe-drinking-water-at-home-more-than-twice-as-many-lack-safe-sanitation, 29.04.2020)

En el informe titulado Sed de futuro: el agua y la infancia en un clima cambiante, elaborado por UNICEF, se ha determinado lo siguiente: (1) Hasta 663 millones de personas carecen de acceso en todo el mundo a fuentes adecuadas de agua y 946 millones de personas practican la defecación al aire libre; (2) Más de 800 niños menores de 5 años mueren todos los días debido a la diarrea, una enfermedad relacionada con el agua, el saneamiento y la higiene deficientes; (3) A escala mundial, las mujeres y las niñas pasan 200 millones de horas tratando de obtener agua todos los días. 

Dicho todo esto organismos internacionales como la UNICEF y la OMS, proponen a los gobiernos una serie de estrategia para mitigar la crisis del agua: (1) Los gobiernos tienen que planificar los cambios en el suministro y la demanda de agua en los próximos años; esto significa, sobre todo, otorgar prioridad a los niños más vulnerables en el acceso al agua potable por encima de otras necesidades hídricas, para maximizar los resultados sociales y de salud, (2) Los riesgos que presenta el clima deberían integrarse en todas las políticas y servicios relacionados con el agua y el saneamiento, y las inversiones deben centrarse en las poblaciones de alto riesgo, (3) Las empresas tienen que trabajar con las comunidades para evitar la contaminación y el agotamiento de los recursos hídricos seguros, (4) Las propias comunidades pueden explorar la manera de diversificar las fuentes de agua y aumentar su capacidad de almacenar agua de forma segura. 


viernes, enero 10, 2020

ABRIENDO MÁS LAS BRECHAS: BONIFICACIÓN DEL 10% POR SERVICIO MILITAR


Hace pocos días asistimos con gran expectación a la elección de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ente que remplazará al tan cuestionado Consejo Nacional de la Magistratura asociado a la corrupción destapada por los tristemente famosos CNM audios que evidenciaron las redes de tráfico de favores entre consejeros del CNM, magistrados de la Corte Suprema, presidentes de Cortes Superiores y congresistas.

La Junta Nacional de Justicia es un organismo constitucionalmente autónomo cuya función principal es la de nombrar, ratificar, sancionar y destituir a jueces y fiscales de todos los niveles en nuestro país.  Bajo el amparo de la Ley N° 30916: Ley Orgánica de la Junta Nacional de Justicia publicada en el diario oficial El Peruano el 13 de febrero de 2019, sus miembros fueron seleccionados meritocráticamente por una comisión especial conformada por el Defensor del Pueblo, quien la presidió; el Presidente del Poder Judicial; la Fiscal de la Nación; el Presidente del Tribunal Constitucional; el Contralor General de la República; un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de cincuenta años de antigüedad (Rector de la Universidad Nacional de Ingeniería); y, un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de cincuenta años de antigüedad (Rector de la Universidad de Piura).

Al conocerse el cuadro final de méritos se cuestionó el nombramiento de dos de sus miembros al vincularlos con el ex juez supremo Hinostroza Pariachi, estos se trata de la ex Ministra de Justicia del régimen Aprista María Amabilia Zavala Valladares y al ex congresista por Perú Posible Marco Tulio Falconí Picardo.

Sin embargo, lo que motiva el presente artículo no son los presuntos vínculos de los consejeros de la JNJ con la organización criminal de los cuellos blancos, sino más bien cierta bonificación que como licenciados de las fuerzas armadas se les concede a los postulantes a puestos de trabajo en la administración pública.

La ley N° 29248: Ley del Servicio Militar, publicado en el diario oficial El Peruano el 27 de junio de 2008 establecía en su artículo 2° “El Servicio Militar es una actividad de carácter personal. Mediante ella, todo peruano puede ejercer su derecho y deber constitucional de participar en la Defensa Nacional. Es prestado por varones y mujeres sin discriminación alguna, a partir de los dieciocho (18) años de edad”.  El artículo 43° de la misma ley indica que “El Servicio en el Activo se cumple bajo las siguientes modalidades: a) Acuartelado y b) No acuartelado”, indicando luego en el artículo 44° que “El Servicio Militar Acuartelado es aquel que se cumple en forma permanente en las Unidades, Bases y Dependencias de las Instituciones de las Fuerzas Armadas, durante el tiempo previsto en la presente Ley. Es realizado por los seleccionados, entre los dieciocho (18) y los treinta (30) años de edad” (Artículo modificado por el Artículo 1° del Decreto Legislativo N° 1146, publicado el 11 diciembre 2012 que señala como edad máxima para la realización del Servicio Militar Acuartelado, los 25 años) y, el artículo 55° define el Servicio Militar No Acuartelado como “Aquel que se cumple, voluntaria y parcialmente, en las Unidades, Bases y Dependencias de las Instituciones de las Fuerzas Armadas. Su duración es de un mínimo de doce (12) meses y un máximo de veinticuatro (24) meses…”, siendo consideradas como otras modalidades de Servicio Militar No Acuartelado, según el artículo 57°: “a) Los ex cadetes y ex alumnos de las Escuelas de Formación de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, siempre que hayan permanecido en ellas por lo menos un (1) año y no hayan sido dados de baja por medida disciplinaria. b) Los egresados de los colegios militares. c) El personal que ha recibido instrucción militar como Reserva Individual de Complemento, reemplazos críticos, servicio activo no acuartelado no remunerado y otras modalidades similares que establezca el reglamento de la presente Ley.

Ahora bien, el reglamento de la ley contenido en el Decreto Legislativo N° 1146, en su artículo 1° establece entre otros, como beneficio “para los licenciados del Servicio Militar Acuartelado, al momento de licenciarse y por única vez” (El subrayado es mío): “Bonificación de diez por ciento (10%) en concursos para puestos de trabajo en la administración pública. Para ello, la Presidencia del Consejo de Ministros adoptará las acciones correspondientes”.  Esto se ve ratificado en el artículo 88° del Decreto Supremo N° 003-2013-DE publicado en el diario oficial El Peruano el 03 de junio de 2013.  En este punto, es preciso anotar que el órgano rector del sistema de recursos humanos en el Perú, la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR en el artículo 4° de la Resolución de Presidencia Ejecutiva Nº 61-2010-SERVIR-PE ha señalado que aquellos postulantes que “superen las etapas de evaluación curricular, evaluación técnica, evaluación psicológica y entrevista y que hubiesen acreditado documentalmente la condición de licenciado de las Fuerzas Armadas, recibirán una bonificación del 10% en la última de las etapas señaladas (entrevista)”. 

En este punto nace la contradicción referente a ¿Si la bonificación por licenciamiento del servicio militar es un derecho permanente del licenciado de las fuerzas armadas que puede ser usada todas las veces que se presente a un puesto de trabajo en el sector público?, ¿Si debe aplicarse solo en concursos para puestos de trabajo o también para puestos directivos? y; ¿Si los puestos directivos son también puestos de trabajo?

Primero definamos que es un puesto de trabajo.  Según el estudioso brasilero Idalberto Chiavenato, un puesto de trabajo es un conjunto de tareas, deberes y responsabilidades que su ocupante necesita cumplir basándose en ciertas características, conocimientos y habilidades.  A esto habría que agregar que tal como lo define la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR en su Directiva N° 0012015SERVIR/GPGSC: Familias de puestos y roles y manual de puestos tipo (MPT) aplicables al régimen del servicio civil: “Cada familia de puestos se organiza en niveles de menor a mayor complejidad de funciones y responsabilidades. Los puestos de directivos públicos, servidores civiles de carrera y servidores de actividades complementarias se organizan en familias de puestos, considerando criterios particulares según la naturaleza de cada grupo”.

Personalmente sostengo que un cargo directivo sí es un puesto de trabajo pues forma parte de la estructura orgánica de una institución, tiene responsabilidades y deberes bien definidos, se les exige resultados y se llega a él con el cumplimiento previo de requisitos en cuanto a educación, habilidades y experiencia.  El meollo del asunto está quizá en que si la bonificación de licenciado de las fuerzas militares es un salvoconducto de por vida o si tal como claramente lo indica la normativa, debe ser usado “al momento de licenciarse y por única vez”.  Siendo que si se tiene en cuenta el espíritu de la ley –como dicen los abogados– para el acceso a puestos directivos, jefaturales o cargos de funcionarios públicos donde además de maestrías y doctorados se exige una experiencia mínima que va entre los 5 y los 15 años, quienes se presentan de ninguna manera son recientemente licenciados ni mucho menos utilizan su derecho a bonificación por primera vez.

Es necesaria una reflexión final… En el Perú, existe una amplia brecha para que mujeres accedamos a cargos directivos y más aún si hablamos de remuneraciones, esto principalmente debido a la tradición ampliamente machista de nuestro país, otorgar bonificaciones especiales por servicio militar en un país donde solo el 10% aproximadamente realiza servicio militar voluntario, tal como lo indica el propio Ministerio de Defensa en una nota de prensa publicada en la web (https://www.gob.pe/institucion/mindef/noticias/26313-mas-de-dos-mil-700-mujeres-realizan-servicio-militar-voluntario-en-el-peru), abre más estas brechas, que según el World Economic Forum en su reporte The Global Gender Gap Report 2017 se cerrará en 79 años (Brecha general de género en América Latina y el Caribe) y 217 años para lograr la paridad en economía y salud.

Urge entonces actualizar la ley de bonificación, actualizarla en un contexto en que ya no existe servicio militar obligatorio y en que la mujer como importante fuerza laboral aún permanece en desventaja… Tarea pendiente para el Congreso que elegiremos este 26 de enero.


¿CONTRATAR O NO A UNA MUJER EN CARGOS DIRECTIVOS?: ¡HE ALLÍ LA CUESTIÓN! (UNA MIRADA DESDE MI PROPIA EXPERIENCIA)

Este es el ensayo que se hizo acreedor al tercer puesto en el XXXII Concurso del CLAD 2019.  La premiación fue realizada en noviembre del año pasado en la ciudad de Buenos Aires - Argentina.

RESUMEN

A lo largo de la historia, el hombre se ha considerado el único capaz de dirigir naciones y empresas, el único con habilidades y destrezas para ocupar cargos directivos y lograr el éxito en los negocios.  Esta premisa que desde hace décadas las mujeres intentamos derribar, ha sido propiciada y fortalecida por nosotras mismas pues desde tiempos inmemoriales hemos otorgado a los varones el papel de proveedores, con infinidad de derechos y el único deber de trabajar fuera de casa para mantenerla, mientras que las mujeres con total conciencia hemos aceptado asumir como rol principal el de madres y esposas y por consiguiente la mayor parte del trabajo no remunerado dentro de la familia haciendo nuestra la cultura machista tan arraigada en Latinoamérica.

Si bien hombres y mujeres somos distintos física, psicológica y emocionalmente, esas diferencias deben complementarse.  A través de diversos estudios, ha quedado demostrado que los equipos mixtos de hombres y mujeres son más generosos, más igualitarios, y que los equipos con un mayor porcentaje de mujeres tienen mejores rendimientos porque construyen relaciones de calidad y procesos de trabajo exitosos.  Ahora bien, para que la diversidad de género produzca sus beneficios, debe existir un contexto en el que la diversidad de género se acepte de manera normalizada, pues la diversidad crea beneficios positivos cuando las personas creen en su valor intrínseco.

Los datos del Índice de Mejores Trabajos concluye que los hombres de la región tienen más trabajos y de mejor calidad que las mujeres.  El índice permite identificar el tamaño de esta brecha para cada país.  Así, se observa que la mayor brecha de género se encuentra en Guatemala y la menor, en Uruguay.  En todos los países, la brecha de género es mayor en la dimensión de cantidad que en la de calidad observándose que la brecha de género en la región apenas se ha reducido seis décimas desde el año 2010.

Ahora bien con respecto a la presencia de la mujer en cargos públicos como Presidencia o Consejo de Ministros, 30% es la media de representación femenina en América Latina.  Por ejemplo en los Parlamentos latinoamericanos, la mayor representación femenina se ubica en estados de corte autoritario tales como Cuba y Nicaragua, mientras que en el ámbito democrático, el porcentaje de mujeres que ocupan escaños congresales es alto en Bolivia, Costa Rica y México; siendo que, cuando el reparto de puestos depende más de la norma social o de la decisión individual que de una ley definida y acordada de antemano, o incluso de la decisión de un régimen autoritario vertical, las mujeres obtienen menor posibilidad de acceder a ellos. 
 
Cerrar brechas es tarea de todos.  Cuando el trinomio Estado, organizaciones sindicales e instituciones públicas unan esfuerzos para lograr la tan soñada inclusión de las mujeres y se eliminen las diferencias salariales, los países latinoamericanos, se desarrollarán más rápidamente y lograrán mejores resultados en favor de sus ciudadanos.

PALABRAS CLAVE: Mujer – paridad de género – cargo público – techo de cristal – servicio civil – Gerente Público – Latinoamérica – Perú.