La taxonomía de Bloom y los objetivos de investigación

 

LIDERAZGO FEMENINO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: ROMPIENDO TECHOS DE CRISTAL

INTRODUCCIÓN 

Existen muchas definiciones sobre liderazgo. Para Gómez (2002) “El liderazgo es la capacidad de influir en un grupo para que se logren las metas”. Etling (2005) define como principales características del líder la inteligencia, persuasión, emprendedurismo y poder de convencimiento. Davis & Newstrom (2003) complementa esta definición indicando que se influencia en el equipo de trabajo con el propósito de que trabajen “con entusiasmo” en el logro de sus objetivos, siendo esta influencia desarrollada, como lo indica Payeras (2004); a través de una visión sustentada por los valores que la apoyan, generando en el individuo la incorporación a su propio comportamiento (Hellriegel & Slocum, 2004) (los subrayados son nuestros). 

Con todo estos conceptos, en primer lugar consideramos que liderar no es lo mismo que gerenciar y aproximando una definición propia, podríamos decir que liderazgo es la capacidad de influenciar sobre las personas (usuarios internos y externos) para alcanzar objetivos válidos y éticos en el marco del bien común. Por otro lado, también consideramos que existen diferencias notorias entre el liderazgo en el sector público y en el privado ya que aunque en ambos ámbitos las habilidades técnicas y las capacidades personales deben ser similares, el sector público requiere mayores habilidades de influencia personal y persuasión con la finalidad de lograr, con los recursos disponibles (presupuestales y de talento humano principalmente) atender las demandas cada vez más complejas de la población a fin de reducir la posibilidad de insatisfacción y por ende, de conflictos sociales. 

Ahora bien, si complementamos lo antes dicho con el liderazgo femenino y su presencia en puestos de poder en América Latina, las brechas subsisten. The Global Gender Gap Report 2018 señala que la mayor disparidad de género está en el empoderamiento político, que hoy mantiene una brecha del 77,1%, mientras que la brecha en participación económica y oportunidad es la segunda más grande con 41,9%. El BID (2021) establece que las mujeres representamos aproximadamente la mitad de los empleados del sector público, sin embargo solo ocupamos entre el 30% y el 40% de los cargos gerenciales. 

Esta brecha es alta, ya que para estos puestos se recluta del grupo profesional de la Administración Pública, donde las mujeres se encuentran bien representadas. De acuerdo con una investigación del PNUD (2020), hay menos mujeres en los puestos más altos de poder, donde más pesan los vínculos políticos y personales en lugar de los méritos para la designación, son justamente los techos de cristal que se va engrosando mientras más alto sea el puesto. 

Este trabajo de investigación busca describir la situación real de la mujer, su liderazgo y empoderamiento y proponer una estrategia viable para empoderarla y mejorar su presencia en puestos de poder y toma de decisiones especialmente en el sector público. Palabras clave: Liderazgo – brecha – empoderamiento – techos de cristal.

AUTORAS:

• Elizabeth CURITOMAY YANQUI.
• Rosario Susana LÓPEZ WONG.
  
• Angie Sussan TOLEDO FÉLIX.
• Esperanza Marlene ZAPATA CARNAQUÉ.

En el siguiente enlace, encontrarán el trabajo completo: Liderazgo femenino en la administración pública: Rompiendo techos de cristal 

POLÍTICAS DE ESTADO 2021 - 2026

INTRODUCCIÓN

El Perú es un país con un poco más de 33 millones de habitantes, que ocupa según el IDH 2020 el puesto N° 79 con un índice de 0,777 pero que sin embargo tiene cifras de desnutrición, anemia, pobreza y pobreza extrema preocupantes.  Así tenemos que según la data del INEI (2020), existe 12,2% de niños menores de 5 años con desnutrición crónica, 40,1% de niños menores de 36 meses con anemia, 20,2% de la población en pobreza y 2,9% en pobreza extrema. 

Por otro lado, entre el 2000 y el 2021 hemos tenido 10 Presidentes de la República, 31 Presidentes del Consejo de Ministros, 22 Ministros de Economía y Finanzas, 31 Ministros de Educación y 24 Ministros de Salud.  Esta data resulta importante para comprender la necesidad de que las políticas públicas se realicen de cara a la población, evitando el centralismo excesivo, la falta de mirada de conjunto, la tendencia permanente de elaborar agendas públicas en función de los deseos de quien gobierna y como se evidencia, con falta de conocimiento técnico y de la realidad nacional de los funcionarios públicos responsables de su elaboración.

Mediante Decreto Supremo N° 164-2021-PCM, publicado el 16 de octubre del presente año en
el diario oficial El Peruano, la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó los diez ejes de la Política General del Gobierno para el período 2021 – 2026.  Estos ejes son: 1) Generación de bienestar y protección social con seguridad alimentaria, 2) Reactivación económica y de actividades productivas con desarrollo agrario y rural, 3) Impulso de la ciencia, tecnología e innovación, 4) Fortalecimiento del sistema educativo y recuperación de los aprendizajes, 5) Descentralización, fortalecimiento institucional y del servicio civil, 6) Fortalecimiento del sistema democrático, seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo, 7) Gestión eficiente de riesgos y amenazas a los derechos de las personas y su entorno, 8) Gobierno y transformación digital con equidad, 9) Conducción de una diplomacia nacional, autónoma, democrática, social y descentralizada y, 10) Estado Intercultural para la promoción de la diversidad cultural.

MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y POLÍTICAS PÚBLICAS

El proceso de modernización de la gestión pública está basado en 3 ejes transversales que son gobierno abierto, gobierno electrónico y articulación interinstitucional.  Asimismo, se cimenta en 5 pilares centrales: 1) Políticas públicas, planes estratégicos y operativos, 2) Presupuesto por resultados, 3) Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización institucional, 4) Servicio civil meritocrático y, 5) Sistema de información, seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento.

La política de modernización de la gestión pública busca que las entidades públicas reflejen las políticas en objetivos claros y con una ruta bien definida de cómo lograrlos, por lo que todas las instituciones estatales sin importar su tamaño ni su sector deben dedicar sus esfuerzos a trabajar coordinadamente, con un enfoque real de servicio al ciudadano y al desarrollo regional y local.

Las políticas públicas por tanto que pueden definirse como todas las acciones que desde el Estado se realizan para intervenir en una situación problemática o de carencia y solucionarla o al menos mejorarla, deben ser propuestas gubernamentales intencionales, propositivas, planificadas y no solo reactivas ni casuales[1], tal como lo afirma Aguilar (1993).

El acercamiento al ciudadano para formular políticas públicas es vital.  Conocer las necesidades y particularidades de los ciudadanos para poder establecer con certeza qué servicios necesitan y cómo mejorar la prestación de estos es la piedra angular puesto que estos deben estar organizados desde la mirada del ciudadano y no desde la entidad, para lograrlo; resulta imprescindible alinear las prioridades de la agenda gubernamental con las prioridades de los ciudadanos.

En este contexto, las políticas públicas priorizadas con el presupuesto 2021 son educación, salud y atención a la emergencia del COVID – 19, reducción de la violencia contra la mujer, alivio a la pobreza y reactivación económica.

POLÍTICAS DE ESTADO, NACIONALES Y DE GOBIERNO EN PERÚ 

Partamos de lo general a lo específico.  Según el Centro de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, las políticas de Estado definen lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en el largo plazo a fin de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país, proponen los cambios necesarios en aspectos sociales, políticos y económicos para alcanzar el bien común en un marco de desarrollo sostenible y la afirmación de la gobernabilidad democrática.

Las Políticas de Estado han sido resultado de un consenso alcanzado en el Foro del Acuerdo Nacional en el año 2002, espacio tripartito de diálogo y construcción de consensos, conformado por el gobierno en sus tres niveles, los partidos políticos con representación en el Congreso de la República y las organizaciones de la sociedad civil con presencia nacional.  Estas políticas se organizaron alrededor de cuatro grandes ejes u objetivos: 1) Fortalecimiento de la Democracia y Estado de Derecho, 2) Desarrollo con Equidad y Justicia Social, 3) Promoción de la Competitividad del País y; 4) Afirmación de un Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado.  Actualmente se cuenta con 35 Políticas de Estado.

En agosto de este año, se firmó el documento titulado Consensos por el Perú 2021, que tiene como puntos focales de atención: 1) Construcción de un sistema unificado de salud, 2) Educación pública y privada de calidad. Educación pública gratuita que elimina brechas y asegura el acceso a la educación virtual, 3) Lucha contra la pobreza y la pobreza extrema, 4) Crecimiento económico sostenible con empleo digno, 5) Reforma política y, 6) Reforma del Sistema de Administración de Justicia.

Las políticas nacionales se enmarcan en las políticas de Estado y responden a la identificación de problemas o necesidades que enfrenta la población que son priorizados en la agenda pública. Los ministerios diseñan, establecen, ejecutan y supervisan políticas nacionales y sectoriales bajo su rectoría, las cuales aplican a todos los niveles de gobierno.  El Art. 4°, numeral 1 de la Ley N° 29158: Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que el Poder Ejecutivo tiene la competencia exclusiva de “diseñar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los niveles de gobierno”.

Las políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y privadas.  Las políticas nacionales conforman la política general de gobierno y se componen a su vez por un conjunto de políticas sectoriales y son de cumplimiento obligatorio por todas las entidades y niveles de gobierno, como lo indica su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 029-2018-PCM y modificatorias. 

Ejemplos de políticas nacionales son: 1) Política Nacional de Competitividad y Productividad (MEF), aprobada el 31 de diciembre de 2018, 2) Política Nacional de Lucha Contra el Crimen Organizado (MININTER) aprobada el 17 de julio de 2019, 3) Política Nacional contra las Drogas al 2030 (PCM) aprobada el 14 de diciembre de 2020; entre otras.

La política de gobierno está relacionada con la manera como el gobierno de turno cumple con sus obligaciones para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en salud, educación, alimentación, vivienda, ejercicio de sus derechos, cumplimiento de sus deberes, etc.; debiendo estar acorde a su agenda y plan de gobierno.  Así tenemos que la Política Gubernamental al Bicentenario comprende entre sus principales lineamientos la integridad y lucha contra la corrupción, el fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, el crecimiento económico, equitativo, competitivo y sostenible, el desarrollo social y bienestar de la población y la descentralización efectiva para el desarrollo.

Respecto a la Política General de Gobierno, el artículo 118° de la Constitución Política del Perú dispone que el Presidente de la República dirige la política general del gobierno, establece también que dentro de los treinta días de haber asumido sus funciones, el Presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión (Art. 130°).

La Política General de Gobierno al 2021 está integrada por cinco ejes: 1) Integridad y lucha contra la corrupción, 2) Fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, 3) Crecimiento económico equitativo, competitivo y sostenible, 4) Desarrollo social y bienestar de la población y; 5) Descentralización efectiva para el desarrollo. Cuenta además con dieciocho lineamientos y guarda consistencia con el marco de políticas y planes del país.

 

¿MÁS DE LO MISMO?

La visión del Perú al 2050, disponible en el portal de CEPLAN es: “Al 2050, somos un país democrático, respetuoso del Estado de derecho y de la institucionalidad, integrado al mundo y proyectado hacia un futuro que garantiza la defensa de la persona humana y de su dignidad en todo el territorio nacional.  Estamos orgullosos de nuestra identidad, propia de la diversidad étnica, cultural y lingüística del país. Respetamos nuestra historia y patrimonio milenario, y protegemos nuestra biodiversidad. El Estado constitucional es unitario y descentralizado. Su accionar es ético, transparente, eficaz, eficiente, moderno y con enfoque intercultural. Juntos, hemos logrado un desarrollo inclusivo, en igualdad de oportunidades, competitivo y sostenible en todo el territorio nacional, que ha permitido erradicar la pobreza extrema y asegurar el fortalecimiento de la familia”. 

Es importante partir de este punto para poder analizar si el contenido del Decreto Supremo N° 164–2021–PCM está acorde con la visión país. 

Un país es más desarrollado si existe una buena combinación entre ingresos económicos altos y un Estado capaz de proveer a sus ciudadanos bienes y servicios públicos con efectividad, que sean capaces de mejorar realmente la vida del poblador. En este sentido, la Política General de Gobierno 2021 – 2026 debe ser analizada en cuanto a su aporte a la gobernabilidad democrática como primer paso para garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, la priorización en la generación de condiciones de bienestar en favor del ciudadano, el fortalecimiento de las capacidades de quienes deben implementar y ejecutar las políticas, la estabilidad macroeconómica y la competitividad del sector privado.

Por otro lado, la pandemia de la COVID - 19 ha puesto en evidencia los sectores prioritarios donde la política de gobierno debe intervenir con inmediatez y eficiencia: Educación, salud y empleo, siendo así, el Decreto Supremo N° 164–2021–PCM establece en sus primeros ejes aspectos vitales para redimir la crisis y lograr el desarrollo conjunto.  Sin embargo, aún existen dudas y críticas respecto a si esta vez las cosas serán diferentes o será más bien, más de lo mismo.

Las reformas que desde el Estado han pretendido implementarse desde inicios del siglo XXI y aún antes fracasan principalmente debido a tres fatores. -El primero de estos, es que son hechas sin la planificación correspondiente, por lo tanto no han tenido el suficiente tiempo para madurar y para adaptarse a la realidad de un país tan diverso, diferenciado y difícil y, lo que es peor: al ver que no alcanzan los resultados requeridos en el tiempo establecido se eliminan o dan un giro radical por lo que siguen siendo ineficientes.  Por otro lado, el exceso de regulaciones y normas tan cambiantes que, acompañadas de controles inmensamente rígidos y poco realistas ofrecen poca estabilidad legal para iniciativas privadas e incluso para el quehacer público constituyen un segundo factor.  Finalmente, pero no menos importante, es la poca importancia que se le da a la meritocracia, el exceso de personal de confianza en el Estado y la constante rotación de equipos tecnocráticos que conllevan a hacer lento e ineficiente al Estado y que vuelven a las reformas insostenibles en el tiempo.

 

¿CUÁL ES EL FUTURO?

Desde mi experiencia trabajando en el Estado y con sectores vulnerables que perciben a su Estado como lejano y desinteresado pienso que si bien esta nueva Política General de Gobierno tiene muy buenas intenciones, será más de lo mismo, porque se continúa con acciones que han demostrado su poca eficiencia y utilidad como por ejemplo el trabajo aislado con grupos: Mujer, niños, niñas y adolescentes, madres gestantes o adultos mayores en vez de trabajar con grupos familiares o; el intentar erradicar la violencia de género aumentando las penas o dando servicio legal, de acompañamiento o de protección en vez de empoderar económicamente a estas personas para que no permanezcan obligadas por las circunstancias sometiéndose a un compañero violento. 

Por otro lado es preciso mirar el entorno para darse cuenta de que en un país donde existen zonas sin acceso a energía eléctrica y por ende a internet ¿Se puede promover la transformación digital? Asimismo, existiendo en el gobierno personas incluso prontuariadas trabajando como asesores o habiendo sido elegidas autoridades ¿Cómo erradicar la corrupción? Y existiendo instituciones especialmente a nivel regional y local donde los presupuestos no se ejecutan eficientemente e incluso se devuelve dinero pese a que sus zonas están declaradas en pobreza o extrema pobreza ¿Cómo hablar de bienestar?  Finalmente, con tantos compatriotas e incluso extranjeros sin trabajo que aceptan laborar aun cuando se les paga menos que el sueldo mínimo ¿Cómo promover empleos dignos?

Importante también es no descuidar que las políticas públicas deben elaborarse bajo enfoques intercultural, diferencial e inclusivo, totalmente articuladas para evitar duplicidades, mucho mejor comunicadas a la población y que exhiban un componente de participación ciudadana tanto en su elaboración como en su evaluación; solo así lograremos trabajar con, por y para nuestros ciudadanos, incidiendo positiva y efectivamente en la mejora de sus condiciones y calidad de vida. 

---

[1] Aguilar, L. F. (1993).  El estudio de las políticas públicas.  México: Porrúa.

DIRECTIVA N° 001-2021-PCM-SGP, DIRECTIVA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS CENTROS DE MEJOR ATENCIÓN AL CIUDADANO – CENTROS MAC

Optimizar el uso de los recursos estatales en la atención, interés y bienestar de la población es la prioridad del Estado Peruano en el marco de su política de Modernización, por lo que, con este objetivo la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros a través de la Subsecretaria de Calidad de Atención al Ciudadano, impulsó la propuesta de creación de una plataforma MAC (Mejor Atención al ciudadano).  Esta propuesta busca poner en marcha el eje de la política de modernización de la gestión pública que es la simplificación administrativa y la articulación interinstitucional.

La propuesta de crear una plataforma MAC (Mejor Atención al Ciudadano) es una iniciativa de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) anunciada por el Presidente de la República en marzo del 2007, siendo que; mediante D.S.091-2011-PCM se crean los canales de Centros MAC teniendo como base la estrategia de desarrollo de accesos multicanal del Estado para el Ciudadano a través de los ejes presencial (MAC), telefónico (Aló MAC) y virtual (www.mac.pe).  Esta plataforma le permite al Perú incorporarse dentro de las mejores prácticas de Centros integrados de Atención al Ciudadano, como es el caso de Brasil y Colombia.

La implementación de los Centros MAC está contemplada como una de las actividades del Proyecto de Inversión “Mejoramiento y Ampliación de los Servicios de Soporte para la Provisión de los Servicios a los Ciudadanos y las Empresas a nivel nacional”.

La Política de Mejor Atención al Ciudadano dio sus primeros pasos con la promulgación de la Ley N° 27658 – Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado en enero del año 2002, materializándose a partir del año 2007 cuando se implementaron acciones en diversos frentes lideradas por la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, cuyo componente Mejor Atención al ciudadano y simplificación administrativa ha buscado continuamente desarrollar estos temas poniendo especial énfasis en brindar una atención adecuada y oportuna al ciudadano a través de información de calidad para lo cual incorpora la creación de plataformas multicanal, el uso la tecnología mediante la Plataforma de Interoperabilidad que conecta la información de todas las instancias del Estado y en un futuro sería el punto de partida de los servicios multicanal y un protocolo de atención diferenciado que implica una priorización del buen trato, la optimización del tiempo de atención y el otorgamiento de información completa.

La política de Mejor Atención al ciudadano en el Perú ha recogido las experiencias de otros países.  Así tenemos que en Bahía (Brasil), el modelo integrado de atención surgió en el año 1995, año en que se reunieron en un mismo espacio físico instituciones prestadoras de servicios públicos y privados y tal como lo señala Araújo[1] se caracterizó por horarios ampliados, atención igualitaria, uso de nuevas tecnologías, agilidad y eficiencia y, locales estratégicos de fácil acceso y gran circulación de personas.  Es preciso indicar que Araújo fue contratada como consultora internacional para asesorar en el Diseño de la Estrategia de Mejor Atención al Ciudadano (MAC) en marzo de 2009.

Por otro lado en Bogotá (Colombia) el año 2005 quedó establecida la política de servicio al ciudadano en la Administración Distrital de Bogotá a través de interesantes iniciativas tales como el Supermercado de Servicios Públicos, la línea 195 o el Portal de Bogotá.  Con esto se presenta un innovador servicio al ciudadano en base al aumento y mejora de los canales de interacción, la unificación del lenguaje al servicio del ciudadano, un servicio igualitario en todos los puntos y un servicio digno, confiable, amable y eficiente.

El 11 de junio del presente año, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros – PCM emite la Resolución N° 007-2021-PCM/SGP mediante la cual se aprueba la Directiva N° 001-2021-PCM-SGP:  Directiva para la implementación de los Centros de Mejor Atención al Ciudadano – Centros MAC, cuyo cumplimiento será supervisado por la Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano.

La citada Directiva establece disposiciones y lineamientos que orienten el proceso de implementación de los Centros de Mejor Atención al Ciudadano – Centros MAC a nivel nacional, identificando los procesos, estándares y criterios técnicos que aseguren su adecuada implementación a nivel nacional.  Al respecto la citada Directiva establece que implementación de los Centros MAC se enmarca en el Decreto Legislativo N° 1432 que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones (SNPMGI).

Asimismo, establece que para el diseño e implementación de los canales de atención de la Plataforma MAC, la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros determina los recursos físicos, tecnológicos, de infraestructura y servicios necesarios para su adecuado funcionamiento, las especificaciones técnicas del equipamiento, hardware, software y mobiliario para la comunicación, seguridad y gestión de la plataforma, en coordinación con las entidades participantes y los estándares de concepto arquitectónico, distribución de espacios y mobiliario, identidad y conceptualización gráfica, así como los horarios de atención, considerando las condiciones climáticas y socio culturales de los territorios donde se implementa dicho canal de atención, garantizando el cumplimiento de medidas de seguridad.  Culminada la ejecución física de la inversión, se procede a la entrega del local a la Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano como área usuaria que operará y administrará el Centro MAC, con lo cual se cierra la fase de implementación y se inicia la fase preoperativa.

En cuanto a la capacitación, esta es gestionada por la Subsecretaría de Calidad de Atención al Ciudadano, aproximadamente quince días antes de la entrega del Centro MAC. La capacitación está dirigida a los Asesores de Servicio de las Entidades Participantes del Centro MAC y al personal de la Entidad Administradora (SGP – PCM) que labora en el Centro MAC, abarcando los siguientes temas: Fortalecimiento de habilidades de gestión, dirección y liderazgo; Relación entre Gestión de Calidad y Servicio al Ciudadano; Procesos de atención del Centro MAC del Manual de Funcionamiento; y presentación de servicios de las Entidades Participantes.

La PCM está impulsando la expansión de los Centros MAC a fin de seguir acercando de manera progresiva y estandarizada los servicios de las entidades públicas a la ciudadanía a nivel nacional, para satisfacer sus necesidades y demandas de manera oportuna y con niveles de calidad adecuados. Dicha expansión comprende los procesos de implementación de los nuevos Centros MAC en el marco de proyectos de inversión pública.

---

[1]    ARAÚJO E SOUZA, LILIANI (2009).  Diseño de la Estrategia genérica y específica para el modelo de Gestión y Operación de los MAC – Mejor Atención al Ciudadano y MACMYPE – Mejor Atención al Ciudadano de la Micro y Pequeña Empresa.

PANDEMIA, AISLAMIENTO Y LOS SÍNDROMES DE BURNOUT Y BOREOUT

Entre las consecuencias que estamos viviendo debido a esta pandemia, los síndromes de Burnout y Boreout son cada vez más recurrentes.  Por un lado, la crisis económica que ha golpeado fuerte a las empresas y ha conducido al despido masivo de trabajadores ha desencadenado que los que han quedado, deban realizar el trabajo de dos o tres personas y por otro lado, con la disminución en la producción, algunos puestos laborales se han vuelto monótonos y vacíos de contenido lo que se ha acrecentado aún más con el aumento del teletrabajo.

En este contexto, muchos trabajadores están experimentando los síndromes de Burnout y de Boreout.  El primero conocido también como “Síndrome del Quemado” presenta en quien lo padece agotamiento físico y mental generalizado, despersonalización, descenso en la productividad laboral y desmotivación.  El segundo tiene como sintomatología sensación de desconexión de sus compañeros, soledad y aislamiento

El Burnout presenta tres fases marcadas: (1) Fase de estrés que consiste en un desequilibrio entre las demandas del trabajo y los recursos de los que dispone el individuo para hacer frente a esos acontecimientos, (2) Fase de agotamiento que se refiere a la respuesta emocional inmediata del sujeto ante dicho desequilibro, es decir, que el trabajador presentará sentimientos de preocupación, tensión, ansiedad, fatiga y agotamiento y, (3) Fase de afrontamiento que implica cambios en la conducta y en la actitud del trabajador, caracterizándose por un trato impersonal, frío y cínico hacia los clientes.

El Burnout tiene consecuencias graves como las producidas a nivel individual que se caracterizan porque el afectado tiene dificultades para concentrarse o para tomar decisiones, las que se producen sobre la conducta del trabajador y la organización donde desarrolla su trabajo, ya que la persona afectada querrá aislarse y evitar la interacción social y, la empresa verá disminuida su productividad por el absentismo, la rotación o las quejas y reclamos de sus trabajadores.

Las medidas preventivas frente al síndrome de Burnout son similares a aquellas necesarias para manejar situaciones de estrés laboral. Para conseguir revertir una situación de "trabajador quemado" es crucial identificar y modificar las condiciones de trabajo que lo han producido, y en casos de exposición prolongada puede ser necesaria una reubicación del trabajador, un asesoramiento psicológico o acompañamiento en el puesto para rectificar los hábitos adquiridos.

El Boreout o aburrimiento laboral inunda a la persona con una constante sensación de infravaloración y falta de realización que puede empujar al trabajador a abandonar el puesto de trabajo.  Es un fenómeno complejo que puede tener múltiples efectos negativos en quienes lo padecen aunque algunos aún sigan pensando que cobrar un sueldo sin trabajar es genial, el Boreout demuestra que no lo es.

El Boreout es causado principalmente por la falta de delegación cuando el trabajador ve su trabajo limitado a tareas muy escasas y encuentra mermada su capacidad de emprendimiento y por estructuras rígidas empresariales que le impide al trabajador desarrollar su potencial.  Las manifestaciones del síndrome de Boreout podrían orientar el análisis de este fenómeno como un asunto exclusivo de las personas, sin embargo, se sugiere profundizar otras variables asociadas que amplían el campo de análisis para favorecer su comprensión. El colaborador puede ser señalado como “perezoso” y de esta manera se le atribuye por completo la responsabilidad, descuidando entonces lo correspondiente a la organización.

Vale la pena recordar que el aburrimiento crónico en el trabajo se relaciona con la percepción que tiene el colaborador de querer rendir más, aplicar sus conocimientos y habilidades, desarrollar su potencial, evidenciar un crecimiento y no poder hacerlo. Es entonces un estado prolongado de aburrimiento que resulta insoportable para el trabajador.

La mejor forma de contrarrestar el Boreout es valorar al trabador ampliando por ejemplo su línea de capacitación y ofreciéndole nuevos retos, de esta forma se le permite explotar sus capacidades y mantenerlo interesado en su puesto de trabajo.  Asimismo, es importante -aún en pandemia- ofrecer al trabajador un buen ambiente laboral y utilizar todas las herramientas tecnológicas para gestionar reuniones de camaradería e intercambio de ideas.

Llama la atención en ambos fenómenos la relación entre las demandas del trabajo y los recursos con los que cuenta el personal para dar respuesta, por un lado un personal sobre exigido con escasas habilidades y recursos podrán constituir un Burnout y un personal poco exigido con abundantes recursos personales y capacidades para dar respuesta posibilitará la aparición de un Boreout.  Por su parte, el Burnout se asocia con la presencia de estrés, el afectado se percibe con demasiado trabajo y se sacrifica hasta el agotamiento por su labor y por el cumplimiento a la empresa.  En los afectados por el Boreout, difícilmente hay presencia de estrés y contrario al sacrificio y agotamiento, se encuentra la ausencia de exigencia y de sentido por la labor que hacen.

En este punto, resulta vital diferenciar el Boreout del síndrome de Burnout.  El Boreout es la ausencia o falta de trabajo y sus efectos nocivos en el bienestar psicológico de un empleado surgen cuando la situación se prolonga durante un período de tiempo considerable, mientras que el Burnout aparece como una respuesta al estrés laboral prolongado, cuando las demandas laborales superan al empleado, desgastándolo emocionalmente, de ahí la expresión “estar quemado”.

La clave es comprender cuál es su "zona de rendimiento óptimo". ¿Cuánto estrés y desafío necesita para alcanzar el máximo rendimiento y qué actividades lo ayudan a manejar su carga de estrés?  Cuando comience a comprender cuánto estrés necesita personalmente para respaldar el buen desempeño y el bienestar, puede tomar un papel más activo para asegurarse de no pasar por encima (o por debajo) del tablero.  Recuerde, cuando aprendemos más sobre nosotros mismos y reconocemos nuestras señales de advertencia, podemos evitar el aburrimiento (Boreout) y el agotamiento (Burnout) y, en última instancia, disfrutar de un rendimiento y bienestar óptimos.

Como conclusión, en estos tiempos de pandemia en el que la línea entre tiempo de trabajo y tiempo libre se ha visto reducida debido a que la mayoría trabaja desde casa, resulta vital desconectarse, tener un pasatiempo relajante, hacer ejercicio, practicar un arte, realizar trabajo manual como jardinería o tejido, aprender a respirar para relajarse y sobre todo aprender a automotivarnos con pensamientos positivos y retos alcanzables.  Esto fortalecerá no solo nuestro cuerpo sino sobre todo nuestra psiquis y nos ayudará a mantenernos estables siempre.

 

NORMA TÉCNICA Nº 002-2021-PCM-SGP: NORMA TÉCNICA PARA LA GESTIÓN DE LA CALIDAD DE SERVICIOS EN EL SECTOR PÚBLICO

 

CONTEXTO:

La Real Academia Española define calidad como la propiedad o conjunto de propiedades inherentes a algo, que permiten juzgar su valor.  Para la Secretaría de Gestión Pública, la calidad está determinada por la capacidad de satisfacer las necesidades y/o expectativas de quienes reciben el bien y/o servicio ofrecido.  Dando un paso más, la cultura de calidad es el conjunto de valores y hábitos que sumados al conocimiento y a las herramientas adecuadas permite alcanzar o sobrepasar los estándares establecidos.  Esta definición aterriza en el concepto de gestión de calidad que se define como un proceso administrativo que permite a cualquier organización llevar a cabo sus actividades con estabilidad y eficiencia cumpliendo así las expectativas de sus clientes o usuarios.

Entendidas estas definiciones resulta importante conocer también que la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, reconoce que los ciudadanos demandan un Estado moderno al servicio de las personas, lo cual implica una transformación de sus enfoques y prácticas de gestión. 

Y es que de un tiempo hacia acá el ciudadano de a pie se ha dado cuenta que tiene necesidades específicas, preferencias, requerimientos y estándares mínimos con los que quiere ser atendido y por ende demanda que su Estado sea capaz de adoptar las acciones que permitan mejorar la calidad en la provisión de los bienes y servicios que le brindan; más aún cuando ya existen para algunos de ellos opciones privadas que se ajustan mejor a lo que buscan y necesitan.

 

ANÁLISIS:

En este contexto, el viernes 23 de abril del presente año fue publicada en el diario oficial El Peruano, la Resolución de Secretaría de Gestión Pública N° Nº 004-2021-PCM/SGP mediante la cual se aprueba la Norma Técnica Nº 002-2021-PCM-SGP: Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público. La citada norma, tiene por finalidad poner a disposición de las entidades públicas una herramienta de gestión que oriente a la mejora de los bienes y servicios otorgados por el Estado y de esta forma contribuir con la mejora de la calidad de vida de las personas.

Para implementarla, las entidades públicas deberán identificar y priorizar aquellos servicios que respondan a política nacionales, sectoriales, regionales o locales y programas presupuestales o que tengan impacto en las personas según el orden de priorización establecido en el anexo 1: Autodiagnóstico de la calidad del servicio.  Este anexo también establece los pasos que hay que dar para lograr la calidad; el primero: Conocer las necesidades y expectativas de las personas, el segundo: Identificar el valor del servicio, el tercero: Fortalecer el servicio, el cuarto: Medir y analizar la calidad del servicio, todo esto bajo el liderazgo y compromiso de la Alta Dirección.

El anexo 2 establece un cronograma de actividades cuya finalidad es representar, en forma gráfica y ordenada, el conjunto de actividades que se llevan a cabo para reducir las brechas respecto del cumplimiento de la norma técnica.  El anexo 3 es una guía para identificar y medir las necesidades y expectativas de las personas mediante la segmentación en grupos, determinando además el grado de satisfacción de cada segmento.  El anexo 4 tiene por objetivo orientar a las entidades públicas en la identificación del valor que deben producir los servicios que ofrecen a partir del análisis de las necesidades y expectativas de las personas y del entorno.  El anexo 5: Mapa de experiencia de la persona permite ubicar al usuario en las diversa etapas de la relación con la entidad ante un determinado servicio, visibilizando los puntos de satisfacción e insatisfacción y los puntos clave de contacto.   Todo esto genera un insumo importante para definir mejoras en los procesos y procedimientos de la entidad.

Por otro lado el anexo 6 brinda a través del diagrama de afinidad una guía para reunir hechos, opiniones e ideas dispersas bajo ideas generales.  Esto se complementa con los anexos 7: Técnica de análisis de problemas, 8: Pautas para impulsar una cultura de calidad y 9: Alcance según categorías de avance de las entidades en la administración pública.

La implementación de la norma técnica dependerá si las entidades no cuentan con un Sistema de Gestión de Calidad (Caso 1), si se encuentran en proceso de implementación de un Sistema de Gestión de Calidad (Caso 2) o si ya cuentan con un Sistema de Gestión de Calidad implementado (Caso 3), debiéndose en los tres casos informar semestralmente sus avances a la Secretaría de Gestión Pública y se efectuará de forma progresiva a través de cuatro tramos, en los que participan las entidades señaladas en los Anexos 2, 3, 4 y 5 de la presente Resolución.

 

APORTES:

La Norma Técnica Nº 002-2021-PCM-SGP: Norma Técnica para la Gestión de la Calidad de Servicios en el Sector Público ofrece un aporte esencial en la modernización de la gestión pública debido a que al adecuar los servicios a las expectativas del cliente se minimizan los errores, las quejas y los reclamos, por otro lado el usuario tiene más confianza en el Estado en general y en la institución en particular al aumentar el valor percibido y mejorar la imagen, esto repercute directamente en el costo del servicio ofertado ya que a menos fallas menos recursos invertidos y finalmente empodera al ciudadano, porque se da cuenta que para su Estado es importante, que merece y necesita ser tratado bien, que su Estado lo cuida y está pendiente de sus necesidades, así la gestión pública se fortalecerá y dará sus primeros pasos hacia la gobernanza.

 

PALABRAS CLAVE: Calidad, Modernización del Estado, servicio, ciudadano.

ANALIZANDO LA REALIDAD SOCIAL PERUANA ACTUAL DESDE LA HISTORIA

Para hablar de realidad social, resulta imprescindible, definir qué es una sociedad.  Leyendo varias definiciones escogí la de René Thom[1] (1977) que la define como una forma metabólica, en primer lugar, porque sobrevive a los individuos que la constituyen; hay en ella un flujo permanente de individuos constantemente renovados que aseguran la permanencia de la forma social.  Además, entre sus miembros existe una interacción continua que asegura la estabilidad de la forma. Dicha interacción puede a menudo materializarse por obra de una circulación de complejidad, de información, a través de todo el cuerpo social.

Teniendo esto como base, resulta importante también fortalecer esta definición describiendo cómo funciona una estructura social.  Para John Searle[2] (2006), la estructura de la sociedad responde a las formas de interacción social en que el colectivo asigna colectivamente estatus a cosas que no lo poseen mediante procedimientos que involucran representaciones mentales colectivas y expresiones lingüísticas acordadas que poseen esas formas concretas. 

Dicho esto, si bien son muchos los hechos históricos que han influido positiva o negativamente en la realidad social actual, estos son los que a mi criterio permiten comprender mejor la realidad social actual de nuestro país:

1.     Conquista del Imperio Incaico: En el Tahuantinsuyo, existían tres clases sociales marcadas: El pueblo, la nobleza y la realeza, sin embargo, el núcleo en cualquiera de sus estratos era el ayllu cuya convivencia se basaba en un estricto código moral.  Asimismo, existían prohibiciones, castigos y leyes que según refiere Garcilaso de la Vega en una de sus crónicas nunca fueron promulgadas para asustar a sus vasallos, ni para que las burlasen, sino para ejecutarlas y aplicarlas con quien se atreviese a quebrantarlas.  El Incanato basaba la convivencia en tres principios básicos: “Ama Sua” (no seas ladrón), “Ama Llulla” (no seas mentiroso) y “Ama Quella” (no seas ocioso).  Según el blog IncasWeb (disponible en: http://incaswebsite888.blogspot.com/2017/06/leyes-en-los-tiempos-de-los-incas.html), consultado el 07.05.2020; junto a las 3 ordenanzas principales, había otras de mucha importancia, como: “Ama Map” (sé honesto, fiel), “Ama Khelly” (sé limpio), “Ama Opa” (sé vivaz), “Ama Llunkhu” (sé digno), “Ama Sipiq” (respeta la vida) y “Ama Maqlla (sé dadivoso). 

Jorge Basadre en su ensayo La Ley del Inca (disponible en: http://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/52973/la%20ley%20del%20inca.pdf?sequence=1&isAllowed=y), consultado el 07.05.2020, señala: “Los Incas también debieron emplear los refranes como vehículos para la trasmisión de normas y como instrumentos para divulgar su autoridad… Desgraciadamente, si hubo en el Perú antiguo estos refranes, se han perdido y como el más divulgado hasta nuestro tiempo queda la famosa salutación: "Ama llulla, ama sua, ama ciella, ama sipix, ama mappa o maclla. (No ladrón, no mentiroso, no perezoso, no asesino, no pervertido, no afeminado)”.  Estos valores que aún hoy se conservan en sociedades andinas fueron transgredidas por las normas sociales españolas, que tras el velo de la religión católica eran indudablemente más liberales y permisivas.

Con la conquista española vinieron muchas reformas, la más notoria quizá la que aplicó el virrey Francisco de Toledo en 1570 dividiendo a la sociedad en dos grupos: Los indios y los españoles.  La república de los indios estaba compuesta por todos los indígenas descendientes de la élite cuzqueña incaica, además de los indígenas descendientes de las grandes tribus costeñas y andinas. Cuando se instauró esta división, no se reconoció a los curacas como nobles, ya que los conquistadores pensaban que estos se alzarían contra ellos. Con la llegada de los españoles los curacas sufrieron una forzosa adaptación a un sistema social totalmente distinto al ayllu. Continuaron siendo los jefes étnicos como lo habían sido en tiempos prehispánicos, pero dejaron de controlar la administración y no contaban con la mano de obra que les permitía elaborar las redes de redistribución típicas del sistema social incaico.  Además de lo descrito anteriormente, la colonización instituyó la obligatoriedad de los indígenas de pagar tributos.  Las castas y los mestizos no estaban exentos de este impuesto, pero era menor que el del resto de ciudadanos.

Con la conquista vino también el mestizaje, lo que provocó ampliar el abanico de razas y etnias:  La llegada de inmigrantes al virreinato peruano provocó la aparición de las castas coloniales.  El cruce entre mujeres nativas, hombres españoles y esclavos africanos dio lugar a una mezcla cultural que durante los primeros años de la colonia no fueron tenidos en cuenta por la Corona. Los mestizos eran los hijos de padre español y madre indígena, no pertenecían a la república de los indios ni estaban exentos del pago de tributos, pero llegaban a trabajar en empleos menores. Los indígenas y los criollos rechazaron a los mestizos porque consideraban que en ellos había una parte imperfecta. Los mulatos fueron los hijos de padre español y mujer esclava africana, estos se consideraron esclavos. Al igual que los mestizos trabajaban en oficios menores. Los zambos eran los hijos de padre esclavo africano y madre indígena, estos pertenecían a la casta que mejor calidad de vida tuvo. Al ser hijos de madre libre se les consideró igualmente libres y como no eran inscritos en el padrón indígena estaban exentos del pago de tributos: Tomado de la tesis Cambio en la sociedad incaica del Perú tras la conquista española escrita por María Martínez Belmonte, consultada el 07.05.2020 y disponible en https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/56087/1/Cambios_en_la_sociedad_incaica_del_Peru_tras_la_con_MARTINEZ_BELMONTE_MARIA.pdf. 

En nuestro país existe mucha discriminación -que a veces resulta muy estúpida- debido a que todos somos mestizos (El que no tiene de inga tiene de mandinga), algunos quizá con piel más clara que otros creen que tienen el derecho de “cholear” al vecino y cultivan en su particular idiosincrasia, que el “cholo” o el “indio” es sucio, ignorante, pobre e ingenuo y que se puede aprovechar de él.  Asimismo, se piensa aún que los indios o los cholos tienen limitados derechos sobre todo a la educación y a la salud de calidad, que son los llamados a realizar oficios de poca importancia o a realizar labores domésticas.  Al respecto, Aníbal Quijano en el ensayo Colonialidad del poder, eurocentrismo y América Latina, disponible en: http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140507042402/eje3-8.pdf, consultado el 07.05.2020; señala que la actual realidad peruana y latinoamericana se encuentra marcada por la “colonialidad del poder”, debido a que durante la república se reprodujeron las relaciones de poder bajo el patrón de la raza, surgidas durante la época de la colonia.  Según el autor, la articulación entre raza y clase logra estructurar una relación de subordinación y poder.  

2.     Liberación de los esclavos negros: La historia de la esclavitud está ligada a la colonización del continente americano y a la expansión de la economía europea caracterizada por su capitalismo.  La economía colonial descansó en buena parte en el trabajo esclavizado realizado por los africanos y sus descendientes.  Las relaciones sociales de la esclavitud determinaron el rol de la población esclavizada, estaban imposibilitados de acceder a la esfera de lo público, excepto bajo la dualidad persona/cosa; sometidos a drásticos dispositivos de control que trataban de inhibir cualquier manifestación pública, estaban privados de voz.

La conquista y los primeros años de colonización formaron un largo ciclo de guerras en el cual la esclavitud se insertó como sistema de trabajo y al mismo tiempo importante auxilio militar. Los africanos y afrodescendientes cumplieron diversas labores para los conquistadores españoles, fueron sirvientes y pajes, también formaron parte activa en las guerras de conquista como maestres, pilotos, arcabuceros y soldados, cumpliendo además tareas delicadas como espías, vigilantes y exploradores: Tomado de “La Presencia Afrodescendiente en el Perú Siglos XVI-XX” de Maribel Arrelucea Barrantes y Jesús A. Cosamalón Aguilar, disponible en https://centroderecursos.cultura.pe/sites/default/files/rb/pdf/La-presencia-afrodescendiente.pdf, consultado el 07.05.2020.

La abolición de la esclavitud no se realizó en un solo acto, el primer paso fue el decreto del libertador José de San Martín sobre “la libertad de vientres” es decir, la regla de que nadie nace esclavo en el Perú a partir de la Independencia. En esta forma, los actuales esclavos permanecen como tales, pero la siguiente generación ya no será esclava.  Así, dice el mismo San Martín, una institución que ha durado tanto tiempo no será terminada en un solo acto, lo que podría ser perjudicial, sino que se dejará que “el tiempo mismo que la ha sancionado la destruya”: Tomado de La Esclavitud Negra en el Perú de Williana Rodríguez, disponible en http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/9201B5CD135CA5C005257AA100652056/$FILE/ppt1.pdf, consultado el 07.05.2020.

En noviembre de 1821, San Martín amplía los alcances abolicionistas declarando libres incluso a los esclavos actuales si habían pertenecido a españoles emigrados y, por consiguiente, ya no tenían un amo presente.  Pero el mismo día expide otro Decreto por el que los hijos de esclavos nacidos ya libres en virtud de su Bando anterior, quedan sujetos a un patronazgo a cargo del amo de la madre hasta que cumplan 20 años las mujeres y 24 los hombres. En esta forma, los efectos de la abolición quedaban postergados por cerca de 25 años.

Finalmente, el 3 de diciembre de 1854, quedaría abolida la esclavitud por el Decreto del presidente Ramón Castilla.  El Decreto establece el pago de un justo precio a los amos de los esclavos y a los patrones de los siervos libertos, estos pagos se harían con cargo a los ingresos estatales percibidos gracias a la prosperidad fiscal creada por el guano.

Según la Defensoría del Pueblo en su Informe de Adjuntía Nº 003-2011-DP/ADHPD (Disponible en: https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2018/05/Informe-003-2011-DP-ADHPD.pdf, consultado el 07.05.2020), la población afrodescendiente sigue siendo un colectivo vulnerable, postergado e invisible que sufre de una subsistente discriminación estructural y racial que genera un impacto negativo en el ejercicio pleno de sus derechos, principalmente en los campos de la salud y la educación, y lo relacionado con el reconocimiento de su cultura y su identidad.  Las condiciones de pobreza heredada, así como los procesos de exclusión social, inciden en la problemática que afrontan las personas afroperuanas con relación al ejercicio de sus derechos. Las deficiencias para ejercer adecuadamente derechos básicos como la salud y la educación, la falta de reconocimiento adecuado de su cultura y su identidad, así como el impacto de la discriminación racial entre sus miembros, son algunas de las situaciones que sustentan su particular vulnerabilidad y que justifican la necesidad de adoptar medidas que permitan hacerles frente de manera oportuna y conveniente.  La exclusión social alude a los mecanismos institucionales que les impiden acceder a bienes materiales, servicios sociales, vivienda, crédito, capital y otros recursos, así como a participar plenamente en las esferas de la vida social, cultural y política del país (Figueroa et al., 1996; Torero et al., 2004).  En cambio, la discriminación hace referencia a los procesos de maltrato o trato diferenciado motivados por razones de origen social, lengua, género, vestimenta, cultura o “raza” (Benavides et al., 2013, pp. 22-23).

Por otro lado, según el Centro de Desarrollo Étnico (CEDET), existe un conjunto de representaciones sociales que reflejan estereotipos y percepciones negativas sobre la población afroperuana.  En base a esto el CEDET concluye que “las condiciones sociales adversas no solo son las condiciones materiales en las que está obligada a vivir la gran mayoría de la población afroperuana, sino también las representaciones sociales que se tiene de sus integrantes” (CEDET, 2005, p. 79). Mientras tanto, Luciano explica que esta asociación “afrodescendiente = pobre” tiene que ver con la asociación, que viene desde siglos atrás, entre el color de la piel y la ubicación social.  En la colonia, “lo blanco y lo extranjero se volvió el equivalente a lo mejor y a lo superior, en oposición a lo oriundo y autóctono” (Luciano, 2012, p. 117).

En conclusión, como bien sostiene el Estudio realizado sobre población afroperuana, disponible en: https://www.grade.org.pe/wp-content/uploads/LIBRO_EEPA_mincugrade.pdf, consultado el 07.05.2020; el afroperuano tiene pocas oportunidades de desarrollo, la tasa de deserción escolar es alta, el acceso a educación superior es limitado y aunque se le reconoce algunas características especiales como “cocinar bien” o “tener buen ritmo”, son pocas las oportunidades laborales a las que tiene acceso.

3.     Participación de la mujer en la vida económica del país: En los años setenta, tres de cada 10 mujeres trabajaban, en los noventa la cifra ascendió a 5 de cada 10.  Actualmente el 78% de las peruanas en edad de trabajar lo hace. Ese cambio ha tenido un impacto positivo en el país a nivel económico, político y social.  Según lo señala Giovanna Di Laura, Coordinadora del Centro de la Mujer de Centrum Católica: “Hace 25 años la mujer en el Perú no ocupaba los puestos y el lugar que ocupa ahora.  Había mayor desempleo femenino y ocupaban posiciones de menor prestigio e ingresos en relación a los hombres”. 

La mujer inicia su participación formal en la vida política en 1955, cuando se le otorga el derecho al voto. El proceso electoral de 1956 tuvo como resultado la elección de 1 senadora y 8 diputadas.  No fue sino hasta 1995 que por primera vez una mujer asumió la presidencia del Congreso de la República. Desde entonces cuatro mujeres más han ocupado el cargo.

La presencia de las mujeres en el parlamento se vio reforzado por el sistema de cuotas, implementado en Perú en 1997.  En el año 2000 se incrementó la cuota de género del 25% al 30% para las listas de candidatos al Congreso y en 2002 se aplicó para municipios y gobiernos regionales.  En los siguientes años tuvimos mujeres en varios ministerios, se eligieron alcaldesas y destacan dos candidaturas presidenciales que se quedaron en camino: Lourdes Flores Nano (2001 y 2006) que quedó en tercer lugar en ambas elecciones y Keiko Fujimori (2011) que fue la primera candidata presidencial que pasó a una segunda vuelta.

En el periodo 2011 – 2016, el 21,5% de los parlamentarios son mujeres y seis integran el Consejo de Ministros.  Del total de alcaldes a nivel nacional, el 2,9% son mujeres, elevándose la cifra al 28,5% en el caso de los regidores.

Si bien estos datos resultan alentadores (Tomados de Gestión, disponible en: https://gestion.pe/economia/aporte-mujer-desarrollo-pais-93305-noticia/, revisado el día 07.05.2020), la sociedad peruana se caracteriza por ser sexista, limitada en oportunidades para las mujeres y aún con brechas profundas en el acceso a servicios básicos, empleo y remuneraciones.

En el ensayo de mi autoría titulado ¿Contratar o no a una mujer en cargos directivos?: ¡He allí la cuestión! (Una mirada desde mi propia experiencia), disponible en: https://o.clad.org/concursos-anteriores/xxxii-concurso-del-clad-2019/ensayos-ganadores-xxxii-concurso-del-clad-2019, sostengo que el Perú es un país con amplia tradición machista y cultura patriarcal enraizada y muy fuerte, donde la mujer se enfrenta a “techos de cristal” que parecen irrompibles ya que desde tiempos inmemoriales hemos estado culturalmente asociadas al plano afectivo y subjetivo, al espacio doméstico y a las actividades de cuidado, mientras que los hombres al estar vinculados por nuestra sociedad a la fuerza física y la racionalidad, al espacio público y a la calle tienen el rol de proveedores económicos pues son ellos los que mantienen el hogar.  Entonces las mujeres dedicadas a las tareas del hogar, tuvimos históricamente menos oportunidades que los hombres para desarrollarnos, aprender y valernos por sí mismas, con autonomía y, por consiguiente; el hombre se sintió con el derecho de ocupar mejores posiciones y de ganar más.

Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI en su informe sobre brechas de género 2017, uno de los cambios más importantes en el mercado laboral en las últimas décadas ha sido la disminución en las brechas de participación laboral entre mujeres y hombres, debido al incremento de la participación de las mujeres y en particular, de las mujeres casadas.  Esta tendencia se ha atribuido a diversos factores tanto por el lado de la demanda – cambios en la estructura productiva, composición sectorial y el sistema de incentivos en el mercado laboral, la innovación tecnológica en los lugares de trabajo– como de la oferta, los avances en la medicina, el surgimiento de nuevos servicios sociales (Por ejemplo, cuidado de niños y adultos mayores), las mejoras educativas y su mayor preparación para el empleo, la disminución de la tasa global de fecundidad y los nuevos arreglos familiares dentro de los hogares.

No quiero terminar este trabajo sin indicar que, de acuerdo a la Primera Encuesta Nacional del uso del tiempo elaborada el año 2011 por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (en ese entonces MIMDES), las horas dedicadas por mujeres para el desarrollo de actividades en el hogar como la atención de niños, de familiares enfermos, preparación de alimentos, limpieza y lavado entre otras llegaban a las 39 horas en promedio semanales lo que resulta significativamente mayor a las dedicadas por los hombres (15 horas en promedio semanales).  Es lo que se conoce como la doble o incluso triple jornada laboral realizadas por las mujeres.

Entonces, si bien la mujer ha ido ganando campo en la vida económica del país y por ende volviéndose más autónoma económicamente hablando, esto se asocia también a un estancamiento en “profesiones femeninas” (como niñera, profesora de inicial o enfermera), crecimiento en los índices de violencia familiar (especialmente cuando las parejas ganan menos), incremento en los transtornos psicológicos en los hijos (Depresión o TOC por citar algunos que son generados según algunos expertos en el intento de las madres de mitigar la ausencia con regalos o sobreprotección) y mayor dificultad en el acceso a ascensos y a puestos directivos.

Definitivamente existen muchos más aspectos que inciden directamente en la realidad social y conocerlos nos permitirá entender un poco mejor esta realidad.

---

[1]        René Thom. Matemático francés fundador de la teoría de las catástrofes. Recibió la medalla Fields en 1958. 

^[2]        John Rogers Searle es profesor Slusser de filosofía en la Universidad de California en Berkeley, y es célebre por sus contribuciones a la filosofía del lenguaje, a la filosofía de la mente y de la conciencia, a las características de las realidades sociales frente a las realidades físicas, y al razonamiento práctico.