INTRODUCCIÓN
El
Perú es un país con un poco más de 33 millones de habitantes, que ocupa según
el IDH 2020 el puesto N° 79 con un índice de 0,777 pero que sin embargo tiene
cifras de desnutrición, anemia, pobreza y pobreza extrema preocupantes. Así tenemos que según la data del INEI
(2020), existe 12,2% de niños menores de 5 años con desnutrición crónica, 40,1%
de niños menores de 36 meses con anemia, 20,2% de la población en pobreza y
2,9% en pobreza extrema.
Por
otro lado, entre el 2000 y el 2021 hemos tenido 10 Presidentes de la República,
31 Presidentes del Consejo de Ministros, 22 Ministros de Economía y Finanzas,
31 Ministros de Educación y 24 Ministros de Salud. Esta data resulta importante para comprender
la necesidad de que las políticas públicas se realicen de cara a la población,
evitando el centralismo excesivo, la falta de mirada de conjunto, la tendencia
permanente de elaborar agendas públicas en función de los deseos de quien
gobierna y como se evidencia, con falta de conocimiento técnico y de la realidad
nacional de los funcionarios públicos responsables de su elaboración.
Mediante
Decreto Supremo N° 164-2021-PCM,
publicado el 16 de octubre del presente año en
el diario oficial El
Peruano,
la Presidencia del Consejo de Ministros aprobó los diez ejes de la Política
General del Gobierno para el período 2021 – 2026. Estos ejes son: 1) Generación de bienestar y
protección social con seguridad alimentaria, 2) Reactivación económica y de
actividades productivas con desarrollo agrario y rural, 3) Impulso de la
ciencia, tecnología e innovación, 4) Fortalecimiento del sistema educativo y
recuperación de los aprendizajes, 5) Descentralización, fortalecimiento
institucional y del servicio civil, 6) Fortalecimiento del sistema democrático,
seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción, narcotráfico y terrorismo, 7)
Gestión eficiente de riesgos y amenazas a los derechos de las personas y su
entorno, 8) Gobierno y transformación digital con equidad, 9) Conducción de una
diplomacia nacional, autónoma, democrática, social y descentralizada y, 10)
Estado Intercultural para la promoción de la diversidad cultural.
MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN Y POLÍTICAS
PÚBLICAS
El proceso
de modernización de la gestión pública está basado en 3 ejes transversales que
son gobierno abierto, gobierno electrónico y articulación interinstitucional. Asimismo, se cimenta en 5 pilares centrales:
1) Políticas públicas, planes estratégicos y operativos, 2) Presupuesto por
resultados, 3) Gestión por procesos, simplificación administrativa y organización
institucional, 4) Servicio civil meritocrático y, 5) Sistema de información,
seguimiento, monitoreo, evaluación y gestión del conocimiento.
La
política de modernización de la gestión pública busca que las entidades
públicas reflejen las políticas en objetivos claros y con una ruta bien definida
de cómo lograrlos, por lo que todas las instituciones estatales sin importar su
tamaño ni su sector deben dedicar sus esfuerzos a trabajar coordinadamente, con
un enfoque real de servicio al ciudadano y al desarrollo regional y local.
Las
políticas públicas por tanto que pueden definirse como todas las acciones que
desde el Estado se realizan para intervenir en una situación problemática o de
carencia y solucionarla o al menos mejorarla, deben ser propuestas
gubernamentales intencionales, propositivas, planificadas y no solo reactivas
ni casuales,
tal como lo afirma Aguilar (1993).
El
acercamiento al ciudadano para formular políticas públicas es vital. Conocer las necesidades y particularidades de
los ciudadanos para poder establecer con certeza qué servicios necesitan y cómo
mejorar la prestación de estos es la piedra angular puesto que estos deben
estar organizados desde la mirada del ciudadano y no desde la entidad, para
lograrlo; resulta imprescindible alinear las prioridades de la agenda
gubernamental con las prioridades de los ciudadanos.
En
este contexto, las políticas públicas priorizadas con el presupuesto 2021 son
educación, salud y atención a la emergencia del COVID – 19, reducción de la
violencia contra la mujer, alivio a la pobreza y reactivación económica.
POLÍTICAS DE ESTADO, NACIONALES Y DE GOBIERNO EN PERÚ
Partamos
de lo general a lo específico. Según el
Centro de Planeamiento Estratégico – CEPLAN, las políticas de Estado definen
lineamientos generales que orientan el accionar del Estado en el largo plazo a
fin de lograr el bienestar de las personas y el desarrollo sostenible del país,
proponen los cambios necesarios en aspectos sociales, políticos y económicos
para alcanzar el bien común en un marco de desarrollo sostenible y la
afirmación de la gobernabilidad democrática.
Las
Políticas de Estado han sido resultado de un consenso alcanzado en el Foro del
Acuerdo Nacional en el año 2002, espacio tripartito de diálogo y construcción
de consensos, conformado por el gobierno en sus tres niveles, los partidos
políticos con representación en el Congreso de la República y las
organizaciones de la sociedad civil con presencia nacional. Estas políticas se organizaron alrededor de
cuatro grandes ejes u objetivos: 1) Fortalecimiento de la Democracia y Estado
de Derecho, 2) Desarrollo con Equidad y Justicia Social, 3) Promoción de la Competitividad
del País y; 4) Afirmación de un Estado Eficiente, Transparente y Descentralizado. Actualmente se cuenta con 35 Políticas de
Estado.
En
agosto de este año, se firmó el documento titulado Consensos por el Perú 2021,
que tiene como puntos focales de atención: 1) Construcción de un sistema
unificado de salud, 2) Educación pública y privada de calidad. Educación
pública gratuita que elimina brechas y asegura el acceso a la educación virtual,
3) Lucha contra la pobreza y la pobreza extrema, 4) Crecimiento económico
sostenible con empleo digno, 5) Reforma política y, 6) Reforma del Sistema de
Administración de Justicia.
Las
políticas nacionales se enmarcan en las políticas de Estado y responden a la
identificación de problemas o necesidades que enfrenta la población que son
priorizados en la agenda pública. Los ministerios diseñan, establecen, ejecutan
y supervisan políticas nacionales y sectoriales bajo su rectoría, las cuales
aplican a todos los niveles de gobierno.
El Art. 4°, numeral 1 de la Ley N° 29158: Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo, establece que el Poder Ejecutivo tiene la competencia exclusiva de
“diseñar y supervisar las políticas nacionales y sectoriales, las cuales son de
cumplimiento obligatorio por todas las entidades del Estado en todos los
niveles de gobierno”.
Las
políticas nacionales definen los objetivos prioritarios, los lineamientos, los
contenidos principales de las políticas públicas, los estándares nacionales de
cumplimiento y la provisión de servicios que deben ser alcanzados y
supervisados para asegurar el normal desarrollo de las actividades públicas y
privadas. Las
políticas nacionales conforman la política general de gobierno y se componen a
su vez por un conjunto de políticas sectoriales y son de cumplimiento
obligatorio por todas las entidades y niveles de gobierno, como lo indica su
reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 029-2018-PCM y modificatorias.
Ejemplos
de políticas nacionales son: 1) Política Nacional de Competitividad y
Productividad (MEF), aprobada el 31 de diciembre de 2018, 2) Política Nacional
de Lucha Contra el Crimen Organizado (MININTER) aprobada el 17 de julio de
2019, 3) Política Nacional contra las Drogas al 2030 (PCM) aprobada el 14 de
diciembre de 2020; entre otras.
La
política de gobierno está relacionada con la manera como el gobierno de turno
cumple con sus obligaciones para satisfacer las necesidades de los ciudadanos
en salud, educación, alimentación, vivienda, ejercicio de sus derechos,
cumplimiento de sus deberes, etc.; debiendo estar acorde a su agenda y plan de
gobierno. Así tenemos que la Política
Gubernamental al Bicentenario comprende entre sus principales lineamientos la
integridad y lucha contra la corrupción, el fortalecimiento institucional para
la gobernabilidad, el crecimiento económico, equitativo, competitivo y
sostenible, el desarrollo social y bienestar de la población y la
descentralización efectiva para el desarrollo.
Respecto
a la Política General de Gobierno, el artículo 118° de la Constitución Política
del Perú dispone que el Presidente de la República dirige la política general
del gobierno, establece también que dentro de los treinta días de haber asumido
sus funciones, el Presidente del Consejo de Ministros concurre al Congreso, en compañía de los demás ministros, para exponer y debatir la política
general del gobierno y las principales medidas que requiere su gestión (Art.
130°).
La
Política General de Gobierno al 2021 está integrada por cinco ejes: 1)
Integridad y lucha contra la corrupción, 2) Fortalecimiento institucional para
la gobernabilidad, 3) Crecimiento económico equitativo, competitivo y
sostenible, 4) Desarrollo social y bienestar de la población y; 5)
Descentralización efectiva para el desarrollo. Cuenta además con dieciocho
lineamientos y guarda consistencia con el marco de políticas y planes del país.
¿MÁS DE LO MISMO?
La
visión del Perú al 2050, disponible en el portal de CEPLAN es: “Al 2050, somos
un país democrático, respetuoso del Estado de derecho y de la institucionalidad,
integrado al mundo y proyectado hacia un futuro que garantiza la defensa de la
persona humana y de su dignidad en todo el territorio nacional. Estamos orgullosos de nuestra identidad,
propia de la diversidad étnica, cultural y lingüística del país. Respetamos
nuestra historia y patrimonio milenario, y protegemos nuestra biodiversidad. El
Estado constitucional es unitario y descentralizado. Su accionar es ético,
transparente, eficaz, eficiente, moderno y con enfoque intercultural. Juntos,
hemos logrado un desarrollo inclusivo, en igualdad de oportunidades,
competitivo y sostenible en todo el territorio nacional, que ha permitido
erradicar la pobreza extrema y asegurar el fortalecimiento de la familia”.
Es
importante partir de este punto para poder analizar si el contenido del Decreto
Supremo N° 164–2021–PCM está acorde con la visión país.
Un
país es más desarrollado si existe una buena combinación entre ingresos
económicos altos y un Estado capaz de proveer a sus ciudadanos bienes y servicios
públicos con efectividad, que sean capaces de mejorar realmente la vida del
poblador. En este sentido, la Política General de Gobierno 2021 – 2026 debe ser
analizada en cuanto a su aporte a la gobernabilidad democrática como primer
paso para garantizar el ejercicio de los derechos de la ciudadanía, la
priorización en la generación de condiciones de bienestar en favor del
ciudadano, el fortalecimiento de las capacidades de quienes deben implementar y
ejecutar las políticas, la estabilidad macroeconómica y la competitividad del
sector privado.
Por
otro lado, la pandemia de la COVID - 19 ha puesto en evidencia los sectores
prioritarios donde la política de gobierno debe intervenir con inmediatez y
eficiencia: Educación, salud y empleo, siendo así, el Decreto Supremo N°
164–2021–PCM establece en sus primeros ejes aspectos vitales para redimir la
crisis y lograr el desarrollo conjunto.
Sin embargo, aún existen
dudas y críticas respecto a si esta vez las cosas serán diferentes
o será más bien,
más de lo mismo.
Las
reformas que desde el Estado han pretendido implementarse desde inicios del
siglo XXI y aún antes fracasan principalmente debido a tres fatores. -El
primero de estos, es que son hechas sin la planificación correspondiente, por
lo tanto no han tenido el suficiente tiempo para madurar y para adaptarse a la
realidad de un país tan diverso, diferenciado y difícil y, lo que es peor: al
ver que no alcanzan los resultados requeridos en el tiempo establecido se
eliminan o dan un giro radical por lo que siguen siendo ineficientes. Por otro lado, el exceso de regulaciones y
normas tan cambiantes que, acompañadas de controles inmensamente rígidos y poco
realistas ofrecen poca estabilidad legal para iniciativas privadas e incluso
para el quehacer público constituyen un segundo factor. Finalmente, pero no menos importante, es la
poca importancia que se le da a la meritocracia, el exceso de personal de
confianza en el Estado y la constante rotación de equipos tecnocráticos que
conllevan a hacer lento e ineficiente al Estado y que vuelven a las reformas
insostenibles en el tiempo.
¿CUÁL ES EL FUTURO?
Desde
mi experiencia trabajando en el Estado y con sectores vulnerables que perciben
a su Estado como lejano y desinteresado pienso que si bien esta nueva Política
General de Gobierno tiene muy buenas intenciones,
será más de lo mismo, porque se continúa con acciones que han demostrado su
poca eficiencia y utilidad como por ejemplo el trabajo aislado con grupos: Mujer,
niños, niñas y adolescentes, madres gestantes o adultos mayores en vez de
trabajar con grupos familiares o; el intentar erradicar la violencia de género
aumentando las penas o dando servicio legal, de acompañamiento o de protección
en vez de empoderar económicamente a estas personas para que no permanezcan
obligadas por las circunstancias sometiéndose a un compañero violento.
Por
otro lado es preciso mirar el entorno para darse cuenta de que en un país donde
existen zonas sin acceso a energía eléctrica y por ende a internet ¿Se puede promover
la transformación digital? Asimismo, existiendo en el gobierno personas incluso
prontuariadas trabajando como asesores o habiendo sido elegidas autoridades
¿Cómo erradicar la corrupción? Y existiendo instituciones especialmente a nivel
regional y local donde los presupuestos no se ejecutan eficientemente e incluso
se devuelve dinero pese a que sus zonas están declaradas en pobreza o extrema
pobreza ¿Cómo hablar de bienestar? Finalmente,
con tantos compatriotas e incluso extranjeros sin trabajo que aceptan laborar
aun cuando se les paga menos que el sueldo mínimo ¿Cómo promover empleos
dignos?
Importante
también es no descuidar que las políticas públicas deben elaborarse bajo
enfoques intercultural, diferencial e inclusivo, totalmente articuladas para
evitar duplicidades, mucho mejor comunicadas a la población y que exhiban un
componente de participación ciudadana tanto en su elaboración como en su
evaluación; solo así lograremos trabajar con, por y para nuestros ciudadanos,
incidiendo positiva y efectivamente en la mejora de sus condiciones y calidad
de vida.
